Justicia francesa valida normativa que regula gasto militar hasta 2030

El Consejo Constitucional de Francia desestimó las impugnaciones presentadas por más de sesenta parlamentarios y ratificó la constitucionalidad de cinco artículos clave de la ley de actualización de la planificación militar para el período 2024-2030. La decisión concluye que el texto no vulnera la libertad de expresión, el derecho de propiedad, la libertad de empresa ni la Carta del Medio Ambiente.

Entre los aspectos principales, la magistratura respaldó el artículo 35 de la norma, el cual crea el régimen de alerta de seguridad nacional. Este mecanismo permite al Ejecutivo declarar por decreto un estado de excepción logístico y operativo ante amenazas graves e inminentes, o para cumplir compromisos de defensa internacional, otorgando facultades administrativas extraordinarias con la obligación de informar de inmediato al Parlamento.

El fallo también validó el artículo 25, que faculta a los empleados de empresas que operan infraestructuras críticas y a sus contratistas a utilizar dispositivos para neutralizar aeronaves no tripuladas. El tribunal aclaró que esta medida no viola la prohibición de delegar el uso de la fuerza pública en entes privados, ya que se limita a la prevención de riesgos dentro de su perímetro asignado.

En relación con el artículo 31, se confirmó la obligación impuesta a agentes y exagentes de inteligencia de declarar con carácter previo cualquier obra intelectual o artística antes de su difusión. El tribunal estimó que esta restricción es compatible con la libertad de expresión y con el principio de proporcionalidad, pues busca resguardar el secreto de la defensa nacional y salvaguardar los intereses estatales.

Asimismo, se declaró constitucional el uso de procesamiento algorítmico automatizado y el rastreo de direcciones de internet para detectar amenazas vinculadas al crimen organizado. El organismo determinó que la norma contempla salvaguardias suficientes y la supervisión de un ente especializado de control para resguardar el derecho a la vida privada.

Finalmente, la Corte ratificó la obligación de declarar actividades lucrativas con entidades extranjeras prevista en el artículo 33, descartando una vulneración a la libertad contractual. A su vez, resolvió que la transferencia de funciones de salud pública contenida en el artículo 41 guardaba la debida relación con el proyecto original, descartando irregularidades de procedimiento en su tramitación.

Vea sentencia Consejo Constitucional de Francia.