Justicia francesa confirma disolución de grupo de extrema izquierda Jeune Garde Antifasciste

El Consejo de Estado de Francia desestimó la reclamación que la agrupación denominada La Jeune Garde interpuso contra el decreto gubernamental que ordenó su disolución. La instancia judicial concluyó que la medida, adoptada por el Consejo de Ministros el 12 de junio de 2025, cumple con los requisitos de necesidad y proporcionalidad frente a la gravedad de las alteraciones al orden público atribuidas a esta organización.

La resolución judicial fundamenta su decisión en el Código de Seguridad Interior francés, el cual permite la disolución de colectivos que inciten a la violencia contra personas o bienes. El tribunal precisó que, si bien la libertad de asociación es un principio fundamental reconocido por las leyes de la República, esta puede limitarse legalmente cuando un grupo promueve la exclusión física de individuos del espacio público o legitima conductas violentas de especial gravedad a través de palabras o acciones directas.

Según los antecedentes analizados por el Consejo de Estado, La Jeune Garde, autoidentificada como un movimiento antifascista, organizaba patrullajes y entrenamientos de autodefensa destinados a impedir la presencia de personas consideradas contrarias a su ideología en barrios específicos o manifestaciones. El fallo destaca que estas actividades, presentadas como vigilancia, derivaron en enfrentamientos violentos recurrentes donde los integrantes de la agrupación solían tomar la iniciativa en el uso de la fuerza.

Un aspecto determinante en la sentencia fue el comportamiento de la organización en las redes sociales. El tribunal observó que diversas ramas locales del grupo interactuaron positivamente con cuentas que les atribuían públicamente decenas de acciones violentas. Asimismo, se constató que los responsables del colectivo, a pesar de tener conocimiento de dichas publicaciones y manejar una política comunicacional activa, no realizaron desmentidos ni se distanciaron de los mensajes que ensalzaban las agresiones cometidas en su nombre.

Finalmente, la sentencia ratifica que la disolución administrativa constituye una respuesta adecuada para prevenir futuras perturbaciones graves a la seguridad ciudadana. Al confirmar que las provocaciones del grupo se tradujeron en hechos concretos de violencia en la vía pública sin condena interna, el Consejo de Estado validó la decisión del Gobierno y cerró la vía judicial, confirmando la disolución de la agrupación de facto.

Vea sentencia Consejo de Estado de Francia.