Justicia colombiana protege unidad familiar de madre extranjera y su hijo ante formalismos administrativos

La Corte Constitucional de Colombia acogió una acción de tutela presentada por una ciudadana de nacionalidad argentina que se encuentra en situación migratoria irregular, quien es madre y responsable principal del cuidado de un niño de nacionalidad colombiana. La accionante acudió a la justicia luego de que la autoridad ministerial inadmitiera su trámite de visa por un error en la selección de la sede encargada y la autoridad de control migratorio le negara la prórroga de su documento de estancia provisional.

La controversia surgió porque, al completar el formulario digital, la solicitante indicó que el trámite debía ser gestionado por la oficina consular en la capital de su país de origen, en lugar de señalar la dependencia con sede en la capital colombiana. La reglamentación exige que esta última dependencia procese las peticiones de las personas que ya están en el país con estatus regular. A raíz de esta inadmisión formal, la autoridad migratoria rechazó extender la vigencia del salvoconducto de la mujer.

El tribunal evaluó la procedencia de la acción y concluyó que exigir a la mujer acudir a la vía contencioso-administrativa resultaba irrazonable, dada su condición de madre cabeza de familia y su vulnerabilidad socioeconómica. En su análisis, el fallo examinó las garantías del debido proceso en trámites administrativos, la protección integral de la infancia, las normas vigentes para la expedición de visados y la obligación estatal de incorporar un enfoque de género en las actuaciones de los organismos públicos.

En el fallo se estableció que ambas instituciones incurrieron en un exceso de formalismo y omitieron evaluar las circunstancias particulares del grupo familiar. La Corte señaló que el Ministerio debió reencausar internamente la solicitud para corregir el error de la dependencia seleccionada, aprovechando las herramientas de la legislación administrativa y los principios de gestión institucional, en lugar de rechazar el trámite y exponer a la solicitante a una condición de mayor riesgo.

Por su parte, se determinó que la entidad de control migratorio vulneró los derechos al debido proceso y a la vida familiar al negar la prórroga del documento provisional basándose de manera rígida en la inadmisión de la visa. La resolución enfatizó que, aunque los requerimientos legales responden a fines legítimos, no pueden aplicarse desconectándose de las garantías fundamentales de las personas ni del bienestar superior del menor de edad involucrado en la causa.

En consecuencia, la Corte revocó las sentencias previas que declaraban improcedente la tutela y concedió el amparo. Dispuso que el Ministerio de Relaciones Exteriores efectúe un nuevo análisis de la visa de la afectada, reencausando la petición sin cobrar nuevamente los derechos de estudio, y ordenó a la autoridad de control conceder una prórroga de treinta días al permiso provisional.

Vea sentencia Corte Constitucional de Colombia T-149-26.