Justicia colombiana insta a legislar sobre los derechos y deberes de influencers

La Corte Constitucional de Colombia acogió una acción de tutela presentada por una influencer en contra de la productora de un pódcast, quien publicó un episodio sobre un hecho de violencia de género sufrido por la actora sin contar con su debida autorización y mantuvo disponible la grabación en diversas plataformas digitales por más de un año, pese a las solicitudes expresas para su retiro definitivo.

El tribunal precisó que la manifestación de la voluntad para divulgar información íntima e imágenes personales debe cumplir con estándares específicos: ser previa a la producción del contenido, libre de toda coacción e informada sobre el alcance concreto de su uso. Asimismo, la magistratura remarcó que esta autorización es esencialmente revocable, lo que impone a los realizadores la obligación de ejecutar los actos necesarios para suprimir el material cuando el titular retire el permiso.

Al analizar el asunto, los magistrados determinaron que la creadora de contenido vulneró los derechos a la propia imagen y a la intimidad de la entrevistada al no recabar un consentimiento idóneo y mantener el registro en línea tras la oposición formulada. Por esta razón, se ordenó a la responsable ofrecer disculpas públicas a la afectada, abstenerse de continuar difundiendo la entrevista o material derivado y adoptar protocolos estrictos de autorización para futuros invitados cuando se aborde información privada.

En contraste, la Corte desestimó las pretensiones relativas a la presunta afectación a la honra y al buen nombre, así como las solicitudes de compensación económica por la monetización obtenida con el material. La Corte indicó que el ordenamiento jurídico contempla otras vías procesales idóneas para reclamar eventuales reparaciones patrimoniales derivadas de estos hechos.

Ante el vacío legal detectado en las interacciones cotidianas de las redes sociales, la sentencia exhortó al Congreso de la República y al gobierno para que regulen las facultades y obligaciones de influencers y creadores digitales, recordando que las garantías de expresión encuentran límites directos en la protección de los derechos fundamentales

Finalmente, la sentencia instó a las principales plataformas de redes sociales a difundir este pronunciamiento entre los creadores que operan en territorio colombiano, utilizando sus propios mecanismos de autorregulación para garantizar el respeto de las pautas constitucionales fijadas.

Vea sentencia Corte Constitucional de Colombia T-241-26.