Derecho a la información
Juez de EE.UU. ordena al Departamento de Defensa restablecer acceso de periodistas al Pentágono
Resolvió que las políticas de acreditación y tránsito dentro de las instalaciones militares infringen las garantías de la Primera y Quinta Enmienda. La resolución enfatiza que la exigencia de autorizaciones previas para la difusión de contenidos y la limitación del movimiento autónomo de los corresponsales operan como una restricción indebida. Con esta decisión, se anulan las disposiciones administrativas que buscaban condicionar la permanencia de los medios de comunicación a la renuncia de sus prerrogativas legales.
Un juez federal de distrito de Estados Unidos dictó una resolución que obliga al Departamento de Defensa a restablecer de forma inmediata el acceso de los periodistas a las instalaciones del Pentágono. El magistrado estableció que la administración no ha dado cumplimiento efectivo a una orden judicial emitida el pasado mes de marzo, la cual ya advertía sobre la ilegalidad de limitar la labor informativa en dicho recinto.
De acuerdo con el texto judicial, el Departamento de Defensa implementó cambios operativos, como el cierre del Corredor de Corresponsales y la imposición de escoltas obligatorias para todos los titulares de autorizaciones especiales de prensa. El tribunal sostuvo que estas acciones representan un intento de obtener un resultado jurídico previamente declarado inconstitucional mediante el uso de una terminología administrativa ligeramente modificada, manteniendo en la práctica las restricciones al acceso efectivo.
El conflicto legal se originó en octubre pasado, cuando un grupo de periodistas optó por entregar sus credenciales ante la entrada en vigor de nuevas normativas internas. Posteriormente, en diciembre, el diario The New York Times y uno de sus reporteros iniciaron una acción legal alegando que las reglas del Departamento de Defensa constituían una discriminación basada en el punto de vista y una restricción previa a la libertad de expresión, figuras prohibidas por la jurisprudencia constitucional estadounidense.
Los demandantes argumentaron que la política del gobierno forzaba a los comunicadores a obtener aprobación oficial antes de informar sobre temas específicos, lo que generaba un efecto disuasorio sobre el debate público. Tras analizar los antecedentes, el juez Friedman ratificó que las disposiciones que exigen a los reporteros renunciar a su derecho de acceso por publicar información no autorizada son contrarias a la Constitución, prohibiendo al gobierno federal su aplicación contra los profesionales cualificados.
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