Litigio en curso
Gran jurado de Nueva York acusa a autoridades mexicanas de colaborar con el crimen organizado
La justicia estadounidense vincula a altos funcionarios de Sinaloa con la organización de Los Chapitos tras investigaciones por tráfico masivo de fentanilo y armas. El proceso incluye órdenes de extradición y el decomiso de activos financieros vinculados a actividades delictivas internacionales.
El Gran Jurado del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación formal contra diez funcionarios y exfuncionarios públicos mexicanos. Los cargos se centran en la presunta importación de grandes volúmenes de narcóticos hacia territorio estadounidense, además de otros delitos relacionados con el crimen organizado.
Entre los imputados se encuentra el actual gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como un fiscal general adjunto, un exsecretario de seguridad pública, un antiguo subdirector de la policía estatal y un miembro del senado federal. La fiscalía vincula a estos funcionarios con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción conocida como Los Chapitos, la cual es liderada por los hijos de Joaquín Guzmán Loera.
Según declaraciones atribuidas al fiscal federal, la organización criminal no habría podido operar con tal libertad o éxito sin la presunta colaboración de políticos y autoridades policiales integradas en su estructura de pagos. Los cargos específicos detallados en el expediente judicial incluyen conspiración para importar sustancias prohibidas, posesión de armas de fuego automáticas, dispositivos destructivos y secuestro con resultado de muerte.
Como parte del sustento probatorio, las autoridades mencionan una incautación realizada en mayo de 2022 en Phoenix, Arizona. En dicho procedimiento, los agentes decomisaron aproximadamente 189.000 pastillas de fentanilo, dos kilogramos de fentanilo en polvo, medio kilogramo de cocaína y cerca de siete kilogramos de metanfetamina.
El Departamento de Justicia estadounidense sostiene que este cargamento tiene vínculos directos con la organización criminal mencionada. Adicionalmente, la acusación exige que los implicados entreguen al gobierno de los Estados Unidos todos los activos y bienes obtenidos mediante la comisión de estos presuntos ilícitos.
Ante estos hechos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró que su administración no protegerá a ninguna persona involucrada en actos criminales. No obstante, la mandataria señaló que la falta de evidencia clara sugiere una intención política detrás de las acusaciones del Departamento de Justicia, enfatizando que no se permitirá la intervención de gobiernos extranjeros en las decisiones internas del pueblo mexicano.
Por otro lado, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que ha recibido las solicitudes de detención con fines de extradición para ser remitidas a la Fiscalía General de la República, indicando que, por el momento, los documentos recibidos no cuentan con material probatorio adjunto.
El gobernador Rubén Rocha Moya rechazó de forma categórica los señalamientos realizados por las autoridades estadounidenses. La autoridad calificó el proceso como una estrategia perversa que busca vulnerar el orden constitucional de México y la soberanía nacional. Con esta acción judicial, el tribunal de Nueva York busca formalizar la persecución penal contra los funcionarios señalados bajo los cargos de conspiración y tráfico internacional de drogas.
Temas
Te puede interesar
Suscribirme a Newsletter