Eutanasia
Francia avanza en la regulación de la ayuda para morir bajo estrictos requisitos y control médico
La Asamblea Nacional aprobó por 291 votos contra 241 una normativa que permite a pacientes mayores de edad con enfermedades graves e incurables solicitar ayuda para morir, bajo condiciones estrictas. La ley aún debe ser revisada por el Consejo Constitucional y reglamentada antes de entrar en vigor.
Francia aprobó una ley que reconoce el derecho a solicitar ayuda para morir a personas que padezcan enfermedades graves e incurables y enfrenten sufrimientos considerados insoportables.
La Asamblea Nacional francesa aprobó la propuesta de ley con 291 votos a favor y 241 en contra, dando un paso en la regulación del final de la vida. La norma, impulsada inicialmente por el presidente Emmanuel Macron, permitirá que determinados pacientes puedan acceder a la administración de una sustancia letal bajo estrictas condiciones y con diversas garantías de control.
La iniciativa fue celebrada por organizaciones de pacientes, que consideran que establece un nuevo derecho vinculado con la autonomía personal y la dignidad al final de la vida. Sin embargo, también generó una fuerte división dentro del ámbito médico y deberá ser revisada por el Consejo Constitucional francés antes de su eventual entrada en vigor.
La nueva normativa establece que podrán solicitar ayuda para morir las personas mayores de edad, de nacionalidad francesa o con residencia estable y regular en Francia, que padezcan una enfermedad grave e incurable que comprometa su vida en una fase avanzada o terminal.
Además, la persona deberá enfrentar sufrimientos físicos o psicológicos considerados insoportables y no haber encontrado alivio mediante los tratamientos disponibles. La ley precisa que el sufrimiento psicológico por sí solo no será suficiente para acceder al procedimiento.
El paciente deberá expresar una voluntad libre e informada y podrá retirar su solicitud en cualquier momento. La decisión será evaluada mediante un procedimiento colegiado en el que participarán el médico tratante, un especialista independiente en la enfermedad que afecta al paciente, personal sanitario y otros profesionales que intervengan en su atención.
Antes de autorizar la ayuda para morir, los profesionales deberán informar al paciente sobre las alternativas disponibles, especialmente los cuidados paliativos, y ofrecer apoyo psicológico cuando corresponda. Una vez aprobada la solicitud, la persona contará con un período de reflexión mínimo de dos días antes de confirmar su decisión definitiva.
En cuanto a la administración de la sustancia letal, la ley contempla que esta pueda ser realizada por el propio paciente cuando sus condiciones físicas lo permitan. En caso contrario, podrá administrarla un médico o un enfermero autorizado.
El profesional encargado deberá acompañar el procedimiento, supervisar la administración de la sustancia y permanecer junto al paciente para intervenir ante cualquier dificultad. Asimismo, la norma reconoce una cláusula de conciencia para los profesionales de la salud que no deseen participar. En esos casos, deberán informar oportunamente su negativa y orientar al paciente hacia otros profesionales dispuestos a intervenir.
La aprobación de la ley fue respaldada por organizaciones como la Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (ADMD), que durante años promovió una regulación del derecho a decidir sobre el final de la vida.
También France Assos Santé destacó que la ayuda para morir constituye un nuevo derecho para los pacientes y sostuvo que esta regulación debe complementarse con el fortalecimiento de los cuidados paliativos y la capacitación de los profesionales de la salud.
Sin embargo, distintas agrupaciones médicas manifestaron su rechazo. El Collectif Soins de Vie, integrado por diversas sociedades científicas y organizaciones sanitarias, cuestionó que se solicite a los profesionales de la salud participar en procedimientos destinados a provocar la muerte y afirmó que sus preocupaciones no fueron suficientemente consideradas durante el debate legislativo.
En sentido contrario, el expresidente del Comité Consultivo Nacional de Ética de Francia, sostuvo que la norma refleja una evolución del rol del paciente dentro del sistema sanitario. Según explicó, la enfermedad ya no puede analizarse únicamente desde la perspectiva médica, sino también desde la experiencia y voluntad de quien la padece.
Aunque la ley completó su trámite parlamentario, todavía no puede aplicarse. El texto deberá ser revisado por el Consejo Constitucional francés y, posteriormente, promulgado.
Además, el Gobierno deberá dictar reglamentos destinados a definir aspectos prácticos del procedimiento, entre ellos la intervención de los profesionales sanitarios y la organización de los controles previstos por la normativa.
La aprobación francesa se incorpora a un escenario internacional en el que distintos países han avanzado hacia la regulación de la eutanasia o de la ayuda médica para morir.
España regula la eutanasia y el suicidio médicamente asistido desde 2021, mientras que en América Latina Colombia reconoció la eutanasia tras una decisión de su Corte Constitucional en 1997 y posteriormente estableció mecanismos para su aplicación. Uruguay aprobó una regulación legal en 2025.
Otros países mantienen modelos más restrictivos. México, por ejemplo, prohíbe la eutanasia activa y el suicidio asistido, aunque cuenta con normas sobre voluntad anticipada que permiten rechazar tratamientos destinados a prolongar artificialmente la vida.
Con la aprobación de esta ley, Francia abre una nueva etapa en el debate sobre la autonomía, la dignidad y los límites de la intervención médica en las decisiones relacionadas con el final de la vida.
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