Conflicto jurisdiccional
Corte Suprema de EE.UU. dictamina que demanda por daño ambiental deducida contra petrolera debe ser resuelta por jueces federales y no estatales
La decisión se centra en la aplicación de las facultades de remoción de causas desde el fuero estatal al federal cuando los hechos derivan de servicios prestados al Estado. Esta resolución revierte un fallo previo de una instancia local en Luisiana y establece un criterio relevante para otros litigios climáticos que enfrentan las petroleras bajo normativas de carácter nacional, redefiniendo el marco procesal de estas disputas.
La Corte Suprema de Estados Unidos resolvió de manera unánime que una acción judicial por daños ambientales interpuesta contra la empresa petrolera Chevron debe ser tramitada ante la justicia federal y no en tribunales del Estado de Luisiana. Con una votación de ocho votos contra cero, los magistrados determinaron que la jurisdicción corresponde al fuero federal debido al rol que la compañía desempeñó como proveedor gubernamental durante la Segunda Guerra Mundial.
El origen del conflicto legal se sitúa en el estado de Luisiana, donde una demanda civil buscaba la reparación de humedales costeros afectados por la producción de petróleo crudo en la década de 1940. En una instancia previa, un jurado estatal había impuesto a la compañía el pago de 745 millones de dólares destinados a labores de restauración ambiental. Sin embargo, la empresa apeló la resolución basándose en su condición de contratista del ejército estadounidense durante el periodo bélico.
La sentencia sostiene que la legislación autoriza a los funcionarios federales y a sus agentes a trasladar los procesos en su contra a tribunales federales cuando las actuaciones reclamadas están vinculadas al ejercicio de funciones delegadas por el Estado. En este sentido, la Corte Suprema consideró que las actividades de producción de Chevron en aquel entonces guardaban una relación directa con el cumplimiento de deberes asignados por la autoridad federal.
Esta decisión se produce en un contexto donde los tribunales federales han mostrado históricamente criterios distintos a los estatales respecto de la responsabilidad por daños ambientales y el impacto del cambio climático. Actualmente, otras empresas del sector, como Exxon Mobil y Suncor Energy, mantienen disputas similares para evitar que demandas presentadas por administraciones locales en Colorado sean resueltas bajo leyes estatales, argumentando la preeminencia de la legislación federal en estas materias.
El escenario judicial en Estados Unidos refleja un aumento de litigios que buscan emular las estrategias legales utilizadas contra la industria del tabaco en la década de 1990. A pesar del volumen de demandas presentadas por diversas autoridades locales para responsabilizar a las petroleras por las consecuencias ambientales de su actividad, la mayoría de estos casos se encuentra todavía en etapas procesales para definir la competencia de los tribunales.
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