China aprueba ley sobre minorías étnicas que busca fortalecer “cohesión nacional”

El Congreso Nacional del Pueblo de China ratificó la Ley para la Promoción de la Unidad y el Progreso Étnicos, una normativa orientada a consolidar la cohesión interna del país. La votación en la asamblea se saldó con 2.756 votos afirmativos, tres votos en contra y tres abstenciones. Según el cronograma oficial, la normativa comenzará a regir de manera oficial a partir del próximo 1 de julio.

El articulado de la ley establece que el fortalecimiento de la identidad nacional es una responsabilidad compartida que recae sobre los órganos estatales, las fuerzas armadas, los partidos políticos y las organizaciones sociales. Esta obligación se extiende también al ámbito educativo y empresarial, donde se deberá promover activamente un sentido de comunidad para la nación china. El texto legal se fundamenta en la Constitución para exigir que todos los sectores de la sociedad participen en esta misión institucional.

Uno de los pilares de la nueva legislación es la preeminencia del mandarín como lengua oficial en el sistema de enseñanza, la vida pública y la tramitación de asuntos oficiales. Desde la perspectiva gubernamental, esta disposición busca facilitar el progreso étnico y la modernización mediante una gobernanza legal de los asuntos internos. Las autoridades sostienen que la medida reforzará la base jurídica para alcanzar la prosperidad común entre la mayoría han y los 55 grupos minoritarios reconocidos.

En el contexto demográfico actual, la etnia han constituye cerca del 90% de la población total, mientras que los grupos minoritarios representan el 10% restante. La normativa codifica formalmente el enfoque de seguridad y la identidad nacional centralizada. Analistas legales y organizaciones como Human Rights Watch han señalado que el marco jurídico podría derivar en una limitación de las facultades culturales y religiosas de comunidades en regiones como Xinjiang, Tíbet y Mongolia Interior.

Organismos internacionales y juristas especializados en derechos humanos han expresado que la ley proporciona un sustento legal para la aplicación de políticas de asimilación. Han mostrado su preocupación respecto a que la obligatoriedad del mandarín y los controles ideológicos previstos en la ley afecten la preservación de las lenguas maternas de las minorías. Diversas fuentes han vinculado esta legislación con procesos de supervisión estatal que han sido objeto de debate en foros internacionales sobre derechos fundamentales.

Vea texto de la ley.