Relatoras de la ONU solicitan transparencia judicial y rendición de cuentas en caso Epstein

Relatoras especiales y el Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra la mujer y la niña de las Naciones Unidas difundieron una comunicación oficial solicitando una investigación exhaustiva sobre las redes de explotación expuestas en los documentos de Jeffrey Epstein. Las expertas, encabezadas por Siobhán Mullally, señalaron que los antecedentes recopilados muestran indicios de una estructura de tráfico de personas con alcance transfronterizo que habría operado de manera prolongada durante varias décadas.

El requerimiento de los organismos internacionales se produce tras la implementación de la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, aprobada por el Congreso estadounidense en noviembre de 2025. Esta normativa permitió el acceso público a un volumen de información que supera los tres millones de páginas, incluyendo comunicaciones electrónicas y registros fotográficos.

No obstante, el Departamento de Justicia de ese país ha descartado hasta el momento iniciar nuevos procesos penales contra los nombres mencionados en los archivos, argumentando que no se ha acreditado la existencia de pruebas con mérito suficiente para sustentar acusaciones adicionales.

Desde la perspectiva del derecho internacional, las expertas recordaron que el Estatuto de Roma califica la trata de seres humanos como un crimen de lesa humanidad cuando se realiza de forma sistemática y generalizada.

Si bien Estados Unidos no forma parte de dicho estatuto, el organismo internacional subrayó que la nación es signataria del Protocolo de Palermo. Este instrumento jurídico obliga a los Estados miembros a cooperar en la persecución, investigación y extradición de responsables vinculados a la trata de mujeres y niños, estableciendo estándares para la respuesta judicial ante redes internacionales de explotación.

La declaración de la ONU sostiene que la persistencia de estas redes de tráfico a nivel global revela deficiencias en los mecanismos de control y en los sistemas de rendición de cuentas institucionales. Según el documento, los antecedentes contenidos en el expediente involucran a personas en diversos sectores de influencia, incluyendo el ámbito político, diplomático y empresarial internacional. La petición concluye con la exigencia de que se garantice la transparencia en el manejo de la información para asegurar que la magnitud de los hechos denunciados sea objeto de un escrutinio legal riguroso.

Vea comunicado de prensa.