Tribunales Internacionales · página 40

Las personas propuestas como beneficiarias de la medida se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo de daño irreparable.

Se analizan estándares internacionales y formula recomendaciones a los Estados para contribuir a los esfuerzos en el reconocimiento e implementación del derecho a la libre determinación. Este informe es parte del plan estratégico de la Relatoría sobre los derechos de los pueblos indígenas.

“NO a las mentiras” constituyó un artículo de opinión que se refirió a un asunto de interés público, por lo que gozaba de una protección especial en atención a su importancia en el debate democrático.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), dictó sentencia preliminar en un caso que incide en la construcción de un proyecto que afectó la cubierta vegetal de parte del hábitat de descanso y reproducción -que implicó su deterioro y/o destrucción- del hámster europeo, en Austria. El hámster europeo es una especie protegida conforme…

El estándar internacional prohíbe la aplicación de la prescripción a las acciones judiciales promovidas para obtener reparaciones por los daños derivados de graves violaciones a los derechos humanos.

Esta competencia solo está supeditada al requisito de que el contenido lesivo sea o haya sido accesible en dicho territorio.

La medida que fue derogada en 2015 restringe un nivel adecuado de interacción humana y social.

La dilación injustificada en el cumplimiento de una sentencia constituye en sí misma una violación a las garantías judiciales. El Estado deberá pagar directamente a las víctimas del caso o a sus descendientes, las sumas adeudadas en tres cuotas anuales.

La Ley de Caducidad dictada en 1986 impidió, durante varios años, la investigación y sanción de graves violaciones de derechos humanos.

El derecho a la identidad cultural es un derecho fundamental y de naturaleza colectiva de las comunidades indígenas, que debe ser respetado en una sociedad multicultural, pluralista y democrática.

El órgano judicial no expuso una motivación que sustentara que se presentaran las causales de peligro de fuga y obstaculización de las investigaciones, pese a que la ausencia de estas había sido alegada.

En todos los casos, los fiscales y jueces se enfrentaron a procesos dictados por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) que concluyeron con resoluciones de no ratificación en sus cargos.

El repositorio, integrado a la plataforma Iuslat de la Fundación, constituye una herramienta que permite realizar una búsqueda inteligente sobre las decisiones y estándares desarrollados por la CIDH.

Conocer la lista de las mayores fortunas rumanas y sus deudas es un asunto de interés público.

Desde que entró en vigor la penalización absoluta del aborto en El Salvador, se ha criminalizado a mujeres que han sufrido abortos espontáneos y otras emergencias obstétricas.

Los estereotipos “distorsionan las percepciones y dan lugar a decisiones basadas en creencias preconcebidas y mitos, en lugar de hechos”, lo que a su vez puede dar lugar a la denegación de justicia, incluida la revictimización de las denunciantes.

El Tribunal General no debería haber anulado el mantenimiento de Hamás en dicha lista bajo la excusa que el Consejo no había autorizado mediante una firma las exposiciones de motivos individuales de dichos actos.

Proyecto de ley estaba dirigido a jueces y magistrados del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional Español.

Las cuarentenas decretadas como medida de prevención en contra de la pandemia por covid-19 no violan el derecho a la libertad de la Convención Europea de Derechos Humanos.

La denuncia de un tratado internacional, cual sea este, constituye una figura jurídica consagrada en el derecho de los tratados, tal y como lo establece expresamente el artículo 56 de la Convención de Viena de 1969 sobre Derecho de los Tratados.

La sentencia declaró que los Estados "tienen el deber de regular y fiscalizar toda la asistencia de salud prestada" de forma pública o privada.

La decisión del Gobernador se produjo horas antes de la ejecución prevista de la pena de muerte del beneficiario, conmutando la pena de muerte de Julius Jones e indicando que el beneficiario "no podrá solicitar ni ser considerado para una conmutación, indulto o libertad condicional por el resto de su vida".

La normativa europea establece que no hay motivo de exclusión si es posible eliminar las barreras físicas.

La Comisión celebró 20 audiencias públicas, sobre temas de derechos humanos de los Estados de Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, y Venezuela. También, se llevaron a cabo audiencias regionales sobre situación de derechos humanos.

El cumplimiento de las medidas cautelares ordenadas en julio de 2021 es necesario para evitar un perjuicio grave e irreparable al ordenamiento jurídico de la Unión Europea y a los valores en los que se basa dicha Unión.

El derecho a no ser discriminado en el disfrute de los derechos garantizados por el Convenio también se viola cuando los Estados, sin una justificación objetiva y razonable, no tratan de forma diferente a personas cuya situación es significativamente diferente.

La distinción se basó exclusivamente en base al sexo de los padres.

Tener una sospecha razonable presupone la existencia de hechos o información que satisfagan a un observador objetivo de que la persona imputada puede haber cometido el delito.

No existió ninguna animadversión o sesgo personal evidente por parte de ningún miembro concreto del Consejo que pudiera poner en duda su independencia e imparcialidad.

Cuando se solicitan medidas cautelares no es necesario que se hayan agotado los recursos internos.