En reciente informe
ONU alerta sobre violaciones a los derechos de personas con discapacidad en Myanmar
El documento detalla cómo la actual crisis política de Myanmar ha profundizado los obstáculos que enfrentan las personas con discapacidad, desde limitaciones de movilidad hasta prácticas discriminatorias arraigadas en la vida cotidiana. El análisis reúne testimonios, antecedentes históricos y observaciones de organismos internacionales que evidencian un deterioro en la protección de derechos desde 2021.
Un informe publicado por Naciones Unidas expone el impacto que la actual situación política y militar en Myanmar está teniendo sobre las personas con discapacidad. El documento, presentado por el relator especial de la ONU para los derechos humanos en ese país, Tom Andrews, describe cómo el aumento de la violencia desde el golpe de 2021 ha generado condiciones especialmente adversas para este sector de la población.
Según el relator, las barreras que enfrenta este colectivo no se limitan a sus condiciones de salud, sino que se relacionan con factores sociales, culturales y estructurales que se han intensificado en el contexto de inestabilidad. Andrews indicó que percepciones tradicionales profundamente arraigadas continúan influyendo en la forma en que se entiende la discapacidad en Myanmar, afectando la participación comunitaria y el acceso a servicios básicos.
El informe recuerda que, antes del quiebre institucional de 2021, Myanmar había iniciado un proceso gradual de formulación de políticas dirigidas a fortalecer la protección de las personas con discapacidad. Se subraya, además, el trabajo de diversas organizaciones locales, varias de ellas integradas por personas con discapacidad, que mantienen programas de apoyo y asistencia pese a las limitaciones impuestas por el conflicto.
En paralelo, se incluyen antecedentes remitidos por Amnistía Internacional al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Dichos antecedentes documentan situaciones en las que ciudadanos con discapacidades psicosociales e intelectuales habrían sido sometidos a abusos en operativos militares, incluyendo detenciones y acciones violentas vinculadas a supuestos incumplimientos de órdenes.
El informe también menciona iniciativas impulsadas por sectores civiles tras el golpe de Estado, entre ellas la elaboración de la llamada Carta Federal de la Democracia. Esta propuesta busca sentar las bases para una nueva estructura constitucional orientada a ampliar las garantías y mecanismos institucionales de protección para toda la población.
“El principal obstáculo para las personas con discapacidad en Myanmar siguen siendo las barreras sociales, culturales, políticas y físicas que impregnan todo el país. El estigma y la discriminación se han convertido en fuente de aislamiento, dependencia y angustia. Entre los principales factores que alimentan el estigma se encuentran las interpretaciones nocivas del concepto de karma, según las cuales las discapacidades físicas o mentales se vinculan a transgresiones cometidas en una vida pasada. La depresión y los intentos de suicidio son frecuentes entre las personas con discapacidad que interiorizan estas creencias”, señala el informe.
“Mientras el mundo, distraído por otras crisis y conflictos, centra su atención, la situación de las personas con discapacidad en Myanmar se ha convertido en una crisis oculta dentro de una catástrofe humanitaria olvidada. Garantizar los derechos de las personas con discapacidad en Myanmar requerirá una campaña amplia, sólida y sostenida para erradicar los estigmas arraigados, poner fin a las prácticas discriminatorias, reformar los marcos legales inadecuados y establecer el estado de derecho. En última instancia, garantizar los derechos humanos para todos en Myanmar, incluidas las personas con discapacidad, exigirá poner fin a la opresión de la junta militar”, agrega el texto.
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