Derecho internacional
ONU alerta por fuerte aumento de ejecuciones en 2025 pese a la tendencia mundial a abolir la pena de muerte
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos advirtió que el incremento de las ejecuciones se concentra en pocos países, con un uso creciente de la pena capital por delitos que no alcanzan el umbral de gravedad exigido por el derecho internacional, afectando de manera desproporcionada a minorías, migrantes y, en algunos casos, a personas condenadas por hechos cometidos siendo menores de edad.
La abolición universal de la pena de muerte constituye una tendencia generalizada desde hace años en el mundo; sin embargo, durante 2025 se registró un pronunciado aumento en el número de ejecuciones, impulsado principalmente por el incremento de la aplicación de la condena capital en un reducido grupo de países que aún mantienen este castigo en sus legislaciones. Así lo advirtió el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien expresó su preocupación por las condenas a muerte impuestas por delitos que no cumplen con el umbral de gravedad exigido por el derecho internacional.
El Alto Comisionado denunció además la ejecución continua de personas condenadas por delitos cometidos cuando eran menores de edad y el persistente secretismo que rodea la aplicación de la pena capital en diversos Estados. Según explicó, el aumento de las ejecuciones se debe principalmente al creciente número de condenas por delitos relacionados con drogas que no implican asesinato premeditado, práctica que vulnera el derecho internacional y que, además, resulta ineficaz como mecanismo de disuasión del crimen.
De acuerdo con datos de la Oficina de la ONU, en Irán fueron ejecutadas al menos 1.500 personas en 2025, de las cuales un 47% había sido condenada por delitos vinculados a drogas. La magnitud y frecuencia de estas ejecuciones revelan un uso sistemático de la pena de muerte como herramienta de intimidación estatal, con un impacto desproporcionado en minorías y migrantes.
En Arabia Saudita, las ejecuciones alcanzaron al menos 356, superando el récord fijado en 2024, y el 78% de las sentencias estuvo relacionado con delitos de drogas. El país reanudó las ejecuciones en 2022 y, según precisó el Alto Comisionado, al menos dos de las personas ejecutadas fueron condenadas por hechos cometidos cuando eran menores de edad, lo que plantea serias dudas respecto de la protección de los derechos de los niños.
En Estados Unidos, se ejecutó a 47 personas en 2025, la cifra más alta en 16 años. La aplicación de la muerte por gas, utilizada por primera vez en 2024 y luego extendida, ha generado crecientes preocupaciones por la posible configuración de tortura o castigo cruel.
Las ejecuciones públicas continuaron en Afganistán, en contravención del derecho internacional. El 11 de abril del año pasado, cuatro personas condenadas por asesinato fueron ejecutadas por familiares de sus víctimas en estadios deportivos de las provincias de Badghis, Nimruz y Farah, práctica que se ha repetido desde agosto de 2021 bajo las autoridades de facto.
En Somalia se ejecutó a 24 personas y en Singapur a 17, mientras que en China y Corea del Norte la pena de muerte continúa rodeada de secretismo, lo que dificulta la obtención de cifras precisas. En Bielorrusia, en tanto, se amplió recientemente el catálogo de delitos punibles con la pena capital en el marco de la legislación sobre seguridad nacional y lucha contra el terrorismo.
El informe también advierte sobre propuestas legislativas en Israel que buscan ampliar el uso de la pena de muerte mediante disposiciones de carácter obligatorio aplicables exclusivamente a los palestinos. Al respecto, el Alto Comisionado sostuvo que tales iniciativas vulnerarían el derecho a un juicio justo y otras normas del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Asimismo, señaló que las ejecuciones llevadas a cabo por Hamas en Gaza constituyen violaciones flagrantes de los derechos humanos.
Pese a este escenario, se destacó que durante 2025 algunos países adoptaron medidas alentadoras. Vietnam redujo el número de delitos sancionados con la pena de muerte; Pakistán abolió ese castigo para dos delitos no letales, aunque lo mantuvo para otros 29; Zimbabue eliminó la pena de muerte para los delitos comunes el 31 de diciembre de 2024; y Kenia inició una revisión legislativa del castigo capital.
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