Violaría derechos humanos
Expertos de la ONU expresan preocupación por normativa peruana que suprime concepto de género en legislación del país
La reciente modificación normativa en el país vecino, que restringe el lenguaje jurídico a definiciones biológicas, ha generado preocupación en instancias internacionales por su potencial colisión con obligaciones estatales previamente adquiridas. Organismos especializados sostienen que despojar a la legislación de la perspectiva de género podría debilitar los mecanismos de protección frente a la discriminación estructural y dificultar el abordaje de fenómenos de violencia sistémica bajo los estándares de los tratados vigentes.
Relatores y expertos de la ONU han emitido una advertencia respecto a las consecuencias jurídicas y sociales de una reciente iniciativa legislativa aprobada en Perú. La normativa en cuestión suprime las referencias al término género dentro del ordenamiento jurídico y las políticas públicas nacionales, reemplazándolas exclusivamente por definiciones basadas en el sexo biológico.
Según lo expresado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, esta modificación sustancial podría contravenir las obligaciones internacionales asumidas por el Estado peruano y reducir los estándares de protección de los derechos fundamentales.
El análisis de los especialistas indica que la sustitución terminológica conlleva el riesgo de invisibilizar las dimensiones sociales y estructurales que subyacen a la discriminación. Al limitar el reconocimiento legal únicamente a lo biológico, se advierte que el Estado podría perder capacidad técnica para identificar y combatir patrones complejos de desigualdad.
En este sentido, existe la preocupación de que problemáticas de carácter sistémico, como los feminicidios o la exclusión de la población LGBTIQ+, pasen a ser interpretados por la institucionalidad como eventos aislados o circunstanciales, desvinculándolos de sus causas raíces en la estructura social.
Desde la perspectiva del derecho internacional, Perú es Estado parte de diversos instrumentos que exigen una actuación proactiva frente a la desigualdad. Específicamente, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) establece el mandato de adoptar medidas concretas para erradicar la discriminación y fomentar una igualdad sustantiva. Dicho tratado internacional clarifica que la responsabilidad estatal abarca no solo la igualdad formal, sino también el desmantelamiento de los patrones culturales y sociales que perpetúan las asimetrías de poder, labor que se vería obstaculizada sin un enfoque de género.
Diversos organismos de derechos humanos han reiterado críticas hacia este nuevo enfoque legislativo adoptado por el legislador peruano en materias de diversidad y género. A modo de precedente, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ya había observado con anterioridad situaciones graves en la historia del país, como las esterilizaciones forzadas ocurridas durante la década de 1990.
En su momento, el Comité calificó estos hechos como actos de violencia sexual y discriminación interseccional, subrayando la necesidad de respuestas estatales integrales que consideren las múltiples dimensiones de la vulneración, algo que la nueva ley podría dificultar.
Por su parte, reportes emanados desde la sociedad civil enfatizan que la violencia de género persiste como un desafío crítico en la realidad peruana. Históricamente, las herramientas de análisis estructural han sido insumos clave para el diseño de políticas de prevención y respuesta efectiva. Se argumenta que la supresión de la perspectiva de género podría generar vacíos significativos en el monitoreo de la violencia y debilitar la eficacia de las instituciones encargadas de brindar protección y justicia a las víctimas.
Finalmente, los expertos concluyen que para armonizar la legislación interna con los compromisos internacionales de Perú, particularmente en lo relativo a la igualdad, la no discriminación y la dignidad humana, será indispensable un reexamen exhaustivo del rol del concepto de género en la ley. Se destaca que la interacción continua entre los legisladores y las organizaciones de la sociedad civil resultará determinante para asegurar que los marcos normativos ofrezcan una tutela efectiva a todas las personas frente a la violencia y la discriminación.
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