Comité de la ONU solicita que crisis de desapariciones forzadas en México sea abordada por la Asamblea General

El Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED) formalizó una solicitud al secretario general de la ONU para que la situación de desapariciones en México sea remitida a la Asamblea General. Esta medida tiene como objetivo que el pleno internacional analice las estrategias de respuesta implementadas en dicho país. La decisión se basa en el monitoreo realizado desde el año 2012, periodo en el cual el organismo ha recopilado antecedentes sobre la comisión de estos actos bajo condiciones que permitirían su clasificación como crímenes de lesa humanidad.

La petición del comité se sustenta en la aplicación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Esta disposición técnica faculta al grupo de expertos a elevar un asunto a la Asamblea General cuando se presentan indicios fundados de que la práctica de desapariciones se realiza de manera sistemática en el territorio de un Estado parte. Según el reporte, las cifras oficiales del gobierno mexicano contabilizan al menos 132.828 personas desaparecidas, una cifra que el organismo considera de una gravedad que requiere atención internacional urgente.

En cuanto a los hallazgos materiales, el informe técnico consigna el descubrimiento de aproximadamente 4.500 fosas clandestinas de las que se han recuperado más de 6.200 cuerpos y 4.600 conjuntos de restos humanos. Estas cifras se integran a un total estimado de 72.000 restos sin identificar que permanecen bajo custodia de las autoridades o han sido localizados por agrupaciones de ciudadanos. El CED enfatizó que, si bien no se ha probado la existencia de una directriz gubernamental jerárquica para ejecutar estos delitos, la magnitud y el patrón de los ataques contra civiles cumplen con los criterios de los marcos legales internacionales.

El presidente del CED precisó que la responsabilidad internacional en este ámbito no depende exclusivamente de una orquestación desde los niveles más altos del gobierno, sino que se configura mediante la participación directa o la tolerancia de funcionarios públicos en los eventos. El comité señaló que la situación no ha presentado mejoras significativas desde su última visita oficial en 2021, lo que justifica la necesidad de fortalecer la cooperación y el apoyo para proteger a las víctimas y sus familias, evitando un mayor deterioro de la seguridad jurídica.

Por su parte, el Estado mexicano manifestó su rechazo a las conclusiones del documento, calificando la postura del comité como sesgada y argumentando que el informe no reconoce debidamente los avances institucionales logrados en los últimos años. Paralelamente, la Federación Internacional de Derechos Humanos valoró positivamente la resolución del CED, manifestando la importancia de que este proceso derive en un diálogo constructivo entre las autoridades, las organizaciones civiles y los colectivos de familiares que buscan a las personas desaparecidas.

El contexto de esta crisis se vincula, según diversos análisis internacionales citados en el informe, con la estrategia de seguridad pública y la denominada guerra contra las drogas. El despliegue militar en funciones de orden público ha sido señalado por organizaciones como Amnistía Internacional y diversos medios de comunicación como un factor que ha intensificado la colaboración entre grupos delictivos y agentes estatales, resultando en un incremento de las denuncias por abusos y desapariciones que afectan principalmente a defensores de derechos humanos, abogados y testigos.

Vea texto de la solicitud.