CIDH presenta caso ante la Corte IDH por desaparición forzada y ejecución extrajudicial tras golpe de Estado en Chile

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el 27 de agosto de 2025, el Caso 13.859 – Ernesto Yoliztly Lejderman, Bernardo Mario Lejderman Konujowska y María del Rosario Ávalos Castañeda, respecto de Chile por la desaparición forzada de Bernardo Mario Lejderman Konujowska y María del Rosario Ávalos Castañeda, y por la falta de acceso a la justicia y esclarecimiento de la verdad sobre los hechos.

El asunto, presentado ante la CIDH en 2009, se refiere a la ejecución de Bernardo Lejderman y María del Rosario Ávalos, ocurrida en diciembre de 1973 a manos de agentes militares en Chile, mientras intentaban huir hacia Argentina con su hijo Ernesto Lejderman, tras el golpe de Estado. El hijo, que fue sustraído y entregado a religiosas, luego fue reunificado con sus abuelos en Buenos Aires. Los cuerpos de la pareja fueron enterrados clandestinamente; el de Bernardo Lejderman permaneció desaparecido hasta 1990, mientras que el cuerpo de María del Rosario Ávalos fue exhumado en 1974 y trasladado al Cementerio General de Santiago, de lo cual su familia tuvo conocimiento en 2005.

Durante años, las acciones emprendidas por los familiares fueron archivadas o remitidas a tribunales militares que aplicaron la Ley de Amnistía de 1978. Aunque en 2007 se dictó una condena por homicidio contra tres responsables, la Corte Suprema redujo las penas en 2009 mediante prescripción gradual y revocó una indemnización previamente otorgada. En el ámbito civil, Ernesto Lejderman obtuvo una reparación judicial en 2018 y recibió pagos de reparación administrativa entre 1991 y 2022.

En su Informe de Fondo 192/23, la CIDH estableció que las muertes de Bernardo Lejderman y María del Rosario Ávalos constituyeron ejecuciones extrajudiciales, pues el uso de la fuerza letal por parte de agentes militares fue injustificado, desproporcionado y sin fin legítimo, en un contexto de represión estatal generalizada durante la dictadura. Ambos casos configuraron también desaparición forzada, debido a la privación de libertad previa, la intervención directa de agentes del Estado y la prolongada negativa estatal a revelar el paradero de sus restos.

Asimismo, el proceso judicial enfrentó dilaciones indebidas, pues pasaron más de tres décadas hasta obtener una condena, sin justificación estatal para la demora. La remisión inicial del caso a la justicia militar, la aplicación de la Ley de Amnistía de 1978 y, posteriormente, la reducción de penas mediante media prescripción generaron situaciones de impunidad contrarias a los estándares internacionales.

Finalmente, la Comisión señaló que los hechos afectaron gravemente al hijo de la pareja, Ernesto Lejderman, quien fue separado de su familia y expuesto a riesgos para su desarrollo físico, emocional y social y el profundo sufrimiento psíquico y moral que sufrió por la pérdida de sus padres, el ocultamiento de la verdad y el prolongado proceso judicial.