VIOLENCIA POLICIAL EN BRASIL
CIDH advierte graves violaciones de derechos humanos tras la “Operación Contención” y pide reformar el modelo de seguridad pública en Brasil
Tras una visita realizada en diciembre de 2025, la Comisión Interamericana concluyó que el paradigma de seguridad basado en operativos policiales extensivos, militarización territorial y endurecimiento punitivo ha generado altos niveles de letalidad policial sin reducir la criminalidad, por lo que instó al Estado brasileño a reorientar su política hacia un enfoque de seguridad ciudadana basado en derechos humanos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita de trabajo a Brasil entre el 1 y el 6 de diciembre de 2025 con el objetivo de observar en terreno la situación de los derechos humanos en el contexto de la denominada “Operación Contención”, llevada a cabo en el estado de Río de Janeiro. De acuerdo con información oficial, la operación resultó en al menos 122 personas fallecidas —117 civiles y cinco agentes policiales— y más de un centenar de personas detenidas, constituyéndose en la operación policial más letal registrada en la historia reciente del país.
La visita se sustentó en las atribuciones conferidas a la CIDH por el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y respondió a información preliminar que advertía sobre posibles violaciones graves de derechos humanos. Entre ellas se señalaron afectaciones al derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la protección judicial y al principio de igualdad y no discriminación. En particular, se recibieron alegaciones sobre uso excesivo e indiscriminado de la fuerza, posibles ejecuciones extrajudiciales, deficiencias en la preservación de escenas del crimen, tratos indignos hacia personas fallecidas y obstáculos estructurales para la investigación de los hechos.
La información recabada fue analizada desde un enfoque transversal de derechos humanos, incorporando los principios de igualdad y no discriminación, interseccionalidad, género, niñez y adolescencia y seguridad humana. En particular, se examinaron las acciones de las instituciones estatales en las favelas de Río de Janeiro, los impactos en los derechos de sus habitantes derivados de la presencia de actores armados estatales y no estatales, así como la incidencia del racismo estructural y la aporofobia en la planificación, ejecución e impactos diferenciados de la “Operación Contención”. Este enfoque permitió situar la intervención en un marco estructural más amplio.
En su análisis, la Comisión advirtió que, durante más de cuatro décadas, el paradigma predominante de seguridad pública en Brasil —basado en operativos policiales extensivos, militarización de territorios y endurecimiento punitivo— ha producido resultados reiterados y ampliamente conocidos: decenas de miles de personas muertas por intervención policial, una de las mayores poblaciones carcelarias del mundo y comunidades enteras atrapadas en ciclos de violencia, duelo y encarcelamiento masivo. Entre 2014 y 2024, más de 60.000 personas murieron a manos de fuerzas de seguridad sin que ello redujera de forma sostenida la criminalidad. Para la CIDH, la evidencia acumulada demuestra que este modelo no solo genera graves violaciones de derechos humanos, sino que además no es eficaz.
La Comisión señaló que esta lógica de seguridad pública ha impulsado en las últimas décadas la realización de operativos policiales en favelas. Recordó que Brasil ya ha sido condenado internacionalmente por la masacre de Acarí de 1990 y por las masacres de Nova Brasília de 1994 y 1995, y que en años recientes se ha registrado un aumento tanto en la frecuencia de estas acciones como en el número de víctimas, tal como lo ha venido reflejando la propia CIDH. En muchos casos, estos operativos buscan desarticular organizaciones criminales o capturar a sus líderes. Sin embargo, su efectividad es ínfima, ya que las condiciones estructurales permanecen intactas, lo que posibilita el reclutamiento constante y la sustitución de personas detenidas y de redes desmanteladas.
En opinión de la Comisión, la denominada “Operación Contención” sintetiza de forma extrema las consecuencias de este paradigma. Su diseño, ejecución y resultados reflejan una lógica que privilegia la eliminación física por sobre la protección de la vida, incluso en contextos previsibles de alta exposición al riesgo. La desproporción entre muertos y heridos, la ausencia de estrategias claras de rendición, el uso de tácticas de naturaleza militar y la inexistencia de salvaguardas suficientes para civiles y para los propios agentes de seguridad sugieren que la elevada letalidad era un resultado previsible. Lejos de debilitar estructuralmente al crimen organizado, la intervención profundizó el sufrimiento comunitario, reforzó la desconfianza institucional y elevó el patrón histórico de violencia estatal a un nuevo nivel de gravedad.
La CIDH agregó que a estos impactos se suman deficiencias estructurales en la investigación y la rendición de cuentas. Entre ellas mencionó la reiterada falta de preservación de escenas del crimen, la debilidad de la independencia pericial, las fallas en la cadena de custodia y tasas de archivo cercanas a la totalidad de los casos. Este patrón, documentado históricamente en Río de Janeiro y reconocido en la sentencia del caso Nova Brasília, priva a las víctimas y a sus familias del derecho a la verdad y a la justicia, y transmite un mensaje de tolerancia institucional frente a la violencia letal de agentes públicos. Para la Comisión, sin transparencia, sin datos públicos desagregados y sin investigaciones efectivas, la política de seguridad se convierte en un ejercicio opaco de poder coercitivo, incompatible con un Estado democrático de derecho.
El organismo también destacó que la distribución de competencias en materia de seguridad pública entre la Unión y los estados constituye un elemento institucional relevante para comprender las dificultades persistentes en materia de control y rendición de cuentas. Si bien la descentralización puede favorecer la adaptación territorial, la ausencia de mecanismos eficaces de coordinación, de estandarización mínima y de supervisión articulada puede obstaculizar la implementación uniforme de garantías relativas al uso de la fuerza, al control externo y a la independencia pericial. A la luz de la Convención Americana y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, la responsabilidad internacional del Estado es indivisible, por lo que corresponde evaluar si el modelo vigente asegura debida diligencia, supervisión efectiva y rendición de cuentas homogénea en todo el territorio nacional.
La Comisión agregó que, en este mismo contexto, la inflación punitiva que acompaña este modelo —expresada en el aumento constante de penas, la expansión de la prisión preventiva y la criminalización amplia de conductas— tampoco ha demostrado eficacia preventiva. Por el contrario, ha fortalecido a las propias organizaciones criminales mediante el reclutamiento en cárceles superpobladas, precarizadas y racialmente selectivas. El encarcelamiento masivo de jóvenes afrodescendientes de favelas no ha reducido la violencia, pero sí ha reproducido trayectorias de exclusión, fragmentado vínculos familiares y ampliado la base social del crimen organizado. Esto afecta a las familias y, especialmente, a las mujeres —en su mayoría afrodescendientes—, quienes deben enfrentar las consecuencias sociales, económicas y psicológicas de la violencia estatal. Así, la combinación de represión letal y castigo penal exacerbado no solo fracasa en sus objetivos declarados, sino que alimenta las dinámicas que dice combatir.
Frente a ello, la CIDH condenó las muertes violentas ocurridas en el marco de la “Operación Contención” y concluyó que persistir en el mismo paradigma no es una opción viable ni legítima. A su juicio, superar la crisis de seguridad pública exige una reorientación estructural hacia un modelo de seguridad ciudadana basado en derechos humanos, que priorice la protección de la vida, el control civil de la fuerza, la rendición de cuentas y la desarticulación de las estructuras económicas y de corrupción que sostienen al crimen organizado. La Comisión reafirmó que la evidencia es clara: más violencia estatal no produce más seguridad. Solo un cambio profundo, que sustituya la necropolítica por políticas de inclusión, prevención y justicia efectiva, permitirá romper el ciclo histórico de muerte, encarcelamiento e impunidad que marca la experiencia de las personas que viven en favelas y periferias urbanas en Brasil.
Con base en la información recibida antes, durante y con posterioridad a la visita, así como en sus hallazgos y conclusiones, y de conformidad con la facultad prevista en el artículo 41.b de la Convención Americana, la CIDH formuló diversas recomendaciones al Estado brasileño. Entre ellas, pidió reorientar las políticas de seguridad pública hacia un enfoque de seguridad humana coherente con los parámetros establecidos en la ADPF n.º 635, abandonar la lógica de operaciones de confrontación con elevado potencial letal y privilegiar estrategias de prevención, presencia de políticas públicas integrales en los territorios, desarticulación financiera del crimen organizado, control de armas conforme al Protocolo sobre Armas de Fuego y políticas sociales de inclusión sostenida.
Asimismo, recomendó priorizar la asignación de recursos a las acciones de inteligencia frente al crimen organizado, facciones criminales y milicias, en detrimento de las acciones bélicas, especialmente mediante el seguimiento de flujos de capital, transacciones económicas y comerciales y del tránsito de importación y exportación. También instó a fortalecer el control del trasiego y contrabando de armas de fuego mediante mecanismos de trazabilidad, fiscalización de arsenales, inteligencia balística y cooperación internacional, en consonancia con los estándares interamericanos.
La Comisión también recomendó revisar y reformar exhaustivamente los protocolos y lineamientos de las agencias policiales locales, estatales y federales para alinearlos con los estándares internacionales de derechos humanos y seguridad pública. Esta reforma debe incluir la regulación del uso de la fuerza conforme a los principios de legalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad; criterios objetivos para las excepciones que autorizan el uso de fuerza letal; la incorporación de tácticas de reducción de tensión y uso de armas no letales; la prohibición de la tortura y de tratos crueles, inhumanos o degradantes; y la eliminación del perfilamiento racial y de cualquier práctica discriminatoria.
En el plano institucional, la CIDH recomendó asegurar la autonomía funcional y estructural de los órganos periciales, separando al Instituto de Medicina Legal de la dependencia policial, establecer protocolos específicos para casos de letalidad policial y fortalecer las capacidades técnicas para la preservación de la cadena de custodia y el análisis balístico. Asimismo, llamó a fortalecer el control externo de la actividad policial por parte del Ministerio Público, garantizar su independencia frente a las fuerzas de seguridad y reforzar su diálogo directo con las comunidades afectadas.
Igualmente, propuso fortalecer los mecanismos permanentes de coordinación y cooperación interinstitucional entre los niveles federal, estadual y municipal, tanto en la planificación y ejecución de operaciones de seguridad pública como, especialmente, en la investigación de hechos complejos de letalidad policial. También recomendó reformar la legislación para permitir la federalización automática de las investigaciones en casos emblemáticos de masacres policiales, de modo que sean realizadas por instituciones independientes que no hayan tenido relación con la operación.
La Comisión recomendó además fortalecer la producción, sistematización y publicación de información estadística confiable y desagregada —especialmente por dimensión étnico-racial, género, lugar de residencia y edad— sobre violencia policial y acceso a la justicia, en diálogo con organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, pidió garantizar investigaciones exhaustivas, independientes e imparciales sobre todas las muertes, lesiones y desapariciones vinculadas a la “Operación Contención”, incluyendo la aplicación del Protocolo de Minnesota, la participación activa de víctimas y familiares desde el inicio de las investigaciones y, cuando corresponda, la federalización de las pesquisas.
Finalmente, la CIDH recomendó garantizar una reparación adecuada, rápida e integral para todas las víctimas de violencia policial y sus familias, que incluya apoyo financiero, asistencia médica y psicológica y medidas para prevenir su revictimización. También instó a revisar críticamente las reformas legislativas en curso en materia de seguridad pública —incluidas la PEC de Seguridad Pública y el PL Antifacción— para asegurar su compatibilidad con los principios de legalidad, proporcionalidad, debido proceso, igualdad y no discriminación, evitando la criminalización indirecta de personas que viven en favelas y de organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, pidió incorporar enfoques diferenciados e interseccionales en las políticas de seguridad y justicia, incluidos los derivados de la Convención de Belém do Pará, y fortalecer el papel de la Defensoría Pública como institución esencial para garantizar el acceso a la justicia, especialmente para personas y grupos en situación de vulnerabilidad.
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