Derecho de acceso a la información pública.

Decisión del CPLT, que ordenó a la CMF entregar información sobre las fiscalizaciones y auditorías hechas a todas las entidades reguladas, es legal.

La CMF alegó que la recopilación de la información solicitada implicaba la distracción de funcionarios de sus labores habituales, argumento rechazado por la Corte, que estableció que la gran cantidad de información no es impedimento legal para su entrega.