Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.

Normas que establecen que empresas condenadas por prácticas antisindicales o desleales quedan excluidas de contratar con el Estado, se impugnan ante el Tribunal Constitucional.

La requirente sostiene que la sanción-prohibición que automáticamente se impone afecta desproporcionadamente su patrimonio, actividad laboral y comercial, es injustificada, excesivamente gravosa y que no se le admite ningún tipo de defensa.