Corte de Santiago descarta vínculos entre sociedades adjudicatarias y confirma adjudicación del Programa de Alimentación Escolar realizada por JUNAEB

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de reclamación presentado por una empresa proveedora del Programa de Alimentación Escolar (PAE), que impugnó la sentencia del Tribunal de Contratación Pública que había desestimado su demanda por presuntas ilegalidades cometidas por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) en la adjudicación de la licitación pública destinada al suministro de raciones alimenticias para los programas PAE y Programa de Alimentación de Párvulos (PAP) correspondientes al período 2023-2026.

La reclamante solicitó que se declarara la ilegalidad y arbitrariedad de la Resolución Afecta Nº07 de 16 de febrero de 2023, mediante la cual JUNAEB aprobó el informe final de la Comisión Evaluadora y adjudicó las distintas unidades territoriales de la licitación. Sostuvo que la adjudicación vulneró los principios de legalidad y estricta sujeción a las bases, al haberse asignado contratos a oferentes que pertenecían, según alegó, a un mismo beneficiario final y que, en su conjunto, excedían el límite máximo de 650.000 raciones diarias permitido por las bases de licitación.

Afirmó que la autoridad desconoció antecedentes que daban cuenta de vínculos societarios entre los adjudicatarios, invocando actuaciones previas tanto de JUNAEB como de empresas participantes en otros procesos judiciales, y que no se otorgó respuesta a observaciones y reclamos administrativos presentados por su parte, pese a que la comisión evaluadora habría anunciado que abordaría dichos antecedentes en su informe final.

La Corte descartó estas alegaciones tras determinar que el Tribunal de Contratación Pública efectuó una valoración racional de los antecedentes y actuó dentro del marco de su competencia. En particular, desestimó las críticas relacionadas con supuestas confesiones extrajudiciales y prueba testimonial, tras constatar que el fallo impugnado analizó los elementos acompañados y concluyó que no existía prueba suficiente que acreditara que los oferentes adjudicados compartieran un mismo beneficiario final o que sus raciones vigentes excedieran el límite fijado por las bases.

En este sentido, el fallo razonó que, “(…) los antecedentes acompañados por la actora no permiten tener por demostrada la existencia de un mismo beneficiario final entre los distintos oferentes ni el incumplimiento de los límites de raciones establecidos, conclusión que fue fundada por el tribunal conforme a las reglas de apreciación de la prueba aplicables al procedimiento”.