Judicial
Reclamación rechazada
Corte de Santiago confirma multa de 180 UTM a empresa que vendía artefactos eléctricos sin certificación de seguridad
El tribunal rechazó el reclamo de ilegalidad presentado contra la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, que sancionó a la reclamante con una multa de 180 UTM por comercializar productos sin cumplir los estándares de seguridad exigidos por la ley.
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo de ilegalidad interpuesto por una empresa en contra de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), que le aplicó una multa de 180 UTM por comercializar artefactos eléctricos sin contar con la certificación ni el marcado de seguridad exigidos por la normativa vigente.
La empresa impugnó la Resolución Exenta N° 31.768, de 23 de abril de 2025, confirmada por la Resolución Exenta N° 36.843, de 2 de junio del mismo año, alegando que la sanción era desproporcionada, pues los certificados de los productos se encontraban en trámite al momento de la fiscalización y que los artefactos fueron retirados posteriormente del portal virtual donde se ofrecían a la venta.
La Superintendencia, al evacuar informe, sostuvo que la certificación de seguridad no constituye un trámite meramente formal, sino un requisito esencial que debe cumplirse antes de la comercialización de los productos, por cuanto su finalidad es garantizar la protección de los consumidores y evitar riesgos graves para la integridad física y la seguridad pública. Agregó que la reclamante fue válidamente notificada del procedimiento y que no presentó descargos dentro del plazo legal.
La Corte de Santiago desestimó los argumentos de la empresa, precisando que el artículo 3° N°14 de la Ley N°18.410 prohíbe expresamente la comercialización de artefactos eléctricos sin previa certificación de seguridad, y que tenerla “en trámite” no satisface la exigencia legal.
Asimismo, el Decreto Supremo N°298/2005 del Ministerio de Economía sanciona la venta de productos sin certificado de aprobación ni marcado de seguridad, lo que se verificó en el caso concreto respecto de múltiples artículos ofrecidos en línea.
Sostuvo que la multa aplicada no resulta desproporcionada, considerando la existencia de infracciones múltiples y la capacidad económica del infractor, cuyas ventas anuales superan las 100.000 UF.
En esa línea, la Corte señaló que, “(…) la comercialización de productos eléctricos sin certificación previa constituye una infracción objetiva que afecta directamente el interés público, y cuya sanción resulta necesaria para resguardar la seguridad de la población”.
En consecuencia, concluyó que la resolución de la SEC se ajusta plenamente al ordenamiento jurídico, no advirtiéndose ilegalidad ni arbitrariedad en su actuación.
En mérito de lo expuesto, la Corte rechazó el reclamo de ilegalidad.
Vea sentencia Corte de Santiago Rol N° 555-2025 (Contencioso administrativo).
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