Judicial
Ley de Transparencia
Corte confirma orden del CPLT de entregar correos institucionales de CONASET y rechaza reclamo de Subsecretaría de Transportes
La Corte de Santiago respaldó la decisión del Consejo para la Transparencia que ordenó entregar correos electrónicos intercambiados por funcionarios entre 2019 y 2022, al estimar que constituyen información pública vinculada al ejercicio de funciones estatales, descartando afectación a la vida privada y precisando que la Subsecretaría no acreditó una causal legal de reserva.
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo de ilegalidad interpuesto por la Subsecretaría de Transportes en contra de una decisión del Consejo para la Transparencia (CPLT), que acogió un amparo de acceso a la información y ordenó la entrega de correos electrónicos institucionales intercambiados entre funcionarios de la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito (CONASET) y diversas entidades vinculadas a la seguridad vehicular, correspondientes al período 2019 a 2022, con aplicación del principio de divisibilidad.
La Subsecretaría reclamante sostuvo que la decisión del CPLT era ilegal, por cuanto los correos electrónicos solicitados no constituirían información pública en los términos de la Ley de Transparencia, al no tratarse de actos administrativos ni de sus fundamentos o complementos directos. Alegó, además, que su divulgación vulneraba garantías constitucionales, en particular el derecho a la vida privada y la inviolabilidad de las comunicaciones, consagrados en el artículo 19 N° 4 y 5 de la Constitución, así como el principio de legalidad, al carecer el Consejo de competencia para ordenar su entrega.
El CPLT, por su parte, solicitó el rechazo del reclamo, afirmando que los correos electrónicos institucionales constituyen información pública, al haber sido generados en el ejercicio de funciones públicas y con recursos del Estado. Indicó que no se acreditó una afectación concreta a los derechos invocados y que la solicitud no tenía carácter genérico, agregando que la Subsecretaría carecía de legitimación activa para fundar su reclamo en ciertas causales de reserva.
La Corte desestimó el reclamo y concluyó que la decisión del Consejo se ajustó a derecho.
En particular, sostuvo que la regla general en la materia es la publicidad de la información en poder de los órganos del Estado, y que los correos electrónicos institucionales, al estar vinculados al ejercicio de funciones públicas, se encuentran comprendidos dentro de dicho principio, señalando que “la información obra en poder de un órgano de la Administración es pública, sumado a la existencia de la presunción legal de publicidad (…) sin que se precise por la reclamante cómo tal publicidad pudiere afectarle de manera real y precisa”.
Asimismo, el tribunal descartó que la entrega de dicha información vulnerara la vida privada o la inviolabilidad de las comunicaciones, atendido que se trata de comunicaciones emitidas desde casillas institucionales en el marco del ejercicio de funciones públicas, y que su divulgación se encuentra resguardada mediante el tarjado previo de datos personales de contexto.
Finalmente, la Corte también rechazó la alegación relativa a la supuesta afectación al debido cumplimiento de las funciones del órgano, precisando que la Subsecretaría carece de legitimación activa para invocar dicha causal en sede de reclamo de ilegalidad, conforme a lo dispuesto en la Ley de Transparencia.
En mérito de lo expuesto, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo de ilegalidad, manteniendo íntegramente la decisión del Consejo para la Transparencia que ordenó la entrega de los correos electrónicos institucionales solicitados, con resguardo de los datos personales conforme a la normativa vigente.
Vea sentencia Corte de Santiago Rol N°451-2025 (Contencioso Administrativo).
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