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Diario Constitucional

ESPIONAJE A ASSANGE EN EMBAJADA

Gerente de seguridad de Embajada ecuatoriana en Londres enfrentará juicio por espionaje a Julian Assange

La Audiencia Nacional de España propone juzgar al responsable de UC Global por revelar información confidencial del activista y otros líderes latinoamericanos

Por Redacción·30 de septiembre de 2025·1 min de lectura
Imagen: democrata.es
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Un juez de la Audiencia Nacional de España ha propuesto llevar a juicio al gerente y administrador de la empresa Undercover Global (UC Global), por espiar al activista y periodista Julian Assange durante su asilo en la Embajada de Ecuador en Londres.

La acusación incluye delitos de descubrimiento y revelación de secretos, cohecho, falsedad documental y tenencia ilícita de armas.

Según la resolución judicial, entre 2015 y mediados de 2018, UC Global fue contratada para proporcionar seguridad en la embajada ecuatoriana. En 2017, por orden del gerente, se instalaron nuevas cámaras que registraban audio de conversaciones confidenciales de Assange con su defensa, familiares y personalidades como el abogado Baltasar Garzón, el exvicepresidente del Gobierno de España, Pablo Iglesias, los expresidentes de Bolivia y de Ecuador, Evo Morales y Rafael Correa, respectivamente, la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff y el fallecido expresidente de Uruguay, José Mujica.

El juez señala que el gerente de la empresa de seguridad exigió a los técnicos habilitar un sistema de acceso externo para controlar en tiempo real lo que sucedía en la embajada, con la intención de «abrir dos canales de streaming para el acceso online, uno oficial para Ecuador y otro para ‘los amigos de Estados Unidos'».

La investigación también ha revelado que el imputado realizó pagos periódicos de cuantía elevada a funcionarios ecuatorianos para asegurar la continuidad del contrato de seguridad.

Además del gerente, el juez propone juzgar al responsable de operaciones de UC Global, por el delito de descubrimiento y revelación de secretos.

La resolución concede un plazo de diez días a la Fiscalía y a las acusaciones para solicitar la apertura del juicio oral o el sobreseimiento de la causa.

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