Contraloría · página 27

El dictamen sostiene que en la situación en análisis el interesado no efectuó desembolso alguno por concepto de alojamiento.

No aparece que sea facultativo ordenar el inicio de la indagación solicitada por el afectado.

Èl beneficio de desgravamen que en caso de fallecimiento del adherente, pagará el todo o parte de la deuda dejada.

La CGR sostiene que el aludido dictamen N° 3.646, de 2017, resulta aplicable a todos los créditos sociales suscritos con las cajas de compensación desde su emisión.

Se concluye que el Ministerio de Salud se encuentra facultado para otorgar a la autoridad antedicha una defensa jurídica, por tratarse de consecuencias derivadas del ejercicio de la función pública.

La autoridad administrativa se encuentra facultada para determinar el procedimiento a través del cual sus funcionarias pueden hacer uso de su derecho.

La renta bruta mensual que percibió la interesada en el mes agosto de 2017, superó el monto máximo que prevé el referido artículo 19 para poder acceder al anotado aguinaldo de fiestas patrias.

La entidad castrense deberá adoptar a la brevedad las medidas tendientes a su debido otorgamiento.

Concluye la CGR manifestando que no se observa impedimento para el que el vacío que se constata en la especie sean solucionados con la dictación de normas internas.

El dictamen determina que la Municipalidad de Cerrillos, deberá regularizar el pago del beneficio otorgado a través del decreto alcaldicio N° 1.565, de 2016.

Quienes han sido desvinculados por medida disciplinaria o mala calificación, no pueden ingresar a Carabineros de Chile.

El órgano contralor expone que, en esta ocasión, se ha estimado necesario precisar lo sostenido en el apuntado oficio N° 17.939.

La corporación tendrá que materializar las adecuaciones pertinentes en el aludido instrumento de planificación territorial, del modo que jurídicamente corresponda.

Es procedente que ella no haya sido calificada y que, por consiguiente, no le asiste el derecho a percibir la bonificación por desempeño institucional en análisis.

Las normas que actualmente regulan el contrato de matrimonio y el acuerdo de unión civil, reconocen a todas las personas el derecho a celebrar tales convenciones.

La Contraloría Regional de Coquimbo instruirá un sumario administrativo.

El dictamen aclara que la Ley N° 20.850 señala expresamente que la CENABAST debe regirse por la Ley Nº 19.886.

Se expresaron las razones que se tuvieron en cuenta a fin de poner término a la contrata.

La CGR manifiesta que el plazo fatal para formular tal requerimiento es de dos años contado desde el retiro.

Al fragmentar las aludidas contrataciones varió el procedimiento para llevarlas a cabo.

Lo contrario, no se condice con el propósito del legislador de eximir a Carabineros de dicha tarea administrativa.

En la especie no se produjo el ejercicio simultáneo de los cargos antes referidos por parte del señor Baltolu Quintano.

Dado que a la data de la declaración de candidaturas a senadores y diputados el ex jefe comunal ya no tenía la calidad de funcionario público.

La CGR no advirtió irregularidades en la dictación de tal actuación.

La Municipalidad de Arica deberá abstenerse de continuar efectuando el aludido cobro, modificando la citada ordenanza municipal N° 7, de 2016.

Se deberá regularizar la distribución de sus jornadas laborales de conformidad con la proporción de horas de docencia de aula, de actividades curriculares no lectivas y recreos.

La Contraloría General precisa que el aludido dictamen N° 3.646, de 2017, por cuya aplicación se consulta, dice relación únicamente con las cajas de compensación.

El dictamen concluye que el Consejo para la Transparencia se encuentra facultado para solicitar informes como el de la especie.

No se habría reconocido el grado de magíster que obtuvo recientemente, por no haberse dictado aún el nuevo reglamento previsto por la Ley N° 21.080.

Los caudales comprometidos -en pasajes y hotelería- fueron reintegrados en parte por el Harvard College y el saldo por el propio Ministro.