Contraloría · página 15

Resolución de la DOM de Quinta Normal y Decreto Alcadicio de edil de tal comuna no se ajustaron a Derecho.

Mientras hayan desempeñado labores idénticas que los establecimientos de salud pública o privada durante la pandemia del COVID-19.

Un particular solicitó invalidar un dictamen de la Contraloría que rechazó su petición ejerciendo éste, en sede civil, la acción invalidatoria contemplada en el artículo 53 de la ley N° 19.880, la que no es procedente. El Contralor tiene la facultad de interpretar las normas legales y, eventualmente, cambiar sus criterios interpretativos.

La Contraloría General de la República dictamina que la reclamante no tiene derecho al beneficio que otorga la Ley 21.409, toda vez que no desempeñó labores en el período correspondiente.

No se aprecian irregularidades en la publicación del órgano público. La Ley 18.575 le impone a los órganos de la Administración del Estado la obligación de rendir una cuenta pública participativa a la ciudadanía de la gestión de sus políticas, planes, programas, acciones y de su ejecución presupuestaria.

En dictamen N° E292.786 de 2022 el Contralor autorizó al organismo a contratar sin sujetarse al criterio señalado en el dictamen N° E173.171 de 2022.

El artículo 39 de la Ley 20.255 impide que los pensionados o imponentes de los sistemas previsionales de DIPRECA o CAPREDENA puedan ser beneficiarios de la PGU.

Si bien la UCEN aportó antecedentes errados a la Subsecretaría de Educación Superior para acceder a tal beneficio, con posterioridad rectificó los datos, los cuales no fueron considerados en el proceso.

No se advierte que el hecho de existir otra vía permita concluir que el solicitante carece de interés actual y real en la reapertura de un camino.

Confirma su doctrina contenida en el dictamen N° E177724N22.

Dictamina el Contralor que en la medida que uno de los intervinientes de la recepción, envío o conversación los entregue voluntariamente en un proceso sumarial con dicha finalidad, y pueda acreditarse que se refieren o dicen relación con la presunta víctima o el presunto victimario se deben valorar como medios de prueba en sumarios administrativos.

Para lo cual, agrega el Contralor, se deberá recurrir por regla general a la licitación pública, y en casos justificados será posible utilizar las otras modalidades –licitación privada y trato directo-. También precisa que la venta estará sujeta a la fiscalización de Contraloría.

Los reglamentos son los encargados –en la estructura decreciente del ordenamiento jurídico- de pormenorizar y contextualizar las leyes. Por lo que un Subsecretario no puede inmiscuirse a través de una resolución en la potestad reglamentaria del Presidente de la República.

Debe informar toda situación que a su juicio altere el funcionamiento de la compañía –por ejemplo aquellos que afecten su rendimiento, los que dicen relación con sus activos o pasivos, los que comprendan su situación financiera, entre otros-. La calificación de hecho esencial es flexible y pueden tratarse incluso de situaciones preliminares.

La institución en virtud del artículo 90 del Reglamento de Armamento y Municiones se encuentra habilitada para fijar que los descuentos puedan ser realizados en parcialidades.

Solamente deben cumplir con este deber los Directores seleccionados por la CORFO. Sin embargo, los Directores de accionistas privados pueden voluntariamente realizar una DIP como actuar ligado a la probidad y al interés que suscita esta S.A.

Con todo, el Contralor hace presente que en el tratamiento de estos antecedentes los funcionarios de la Superintendencia deben guardar reserva y secreto absoluto de la información que conozcan.

Las modalidades de retribución convenidas no fueron ajustadas en correlación a los cupos que se haya permitido aprovechar, circunstancia que provoca un desequilibrio económico de las prestaciones.

Si bien, el SML no es el único facultado para llevar a cabo atenciones y pericias en el marco de la comisión de delitos de carácter sexual, no procede que delegue en terceros la realización de aquellas que le han sido solicitadas por tales entidades.

Con posterioridad a este trámite solo la autoridad administrativa (del respectivo órgano o servicio) podrá revocar, modificar o dejar sin efecto una resolución o decreto

Respecto a las comisiones evaluadoras de las adquisiciones complejas o superiores a 1000 UTM de las corporaciones municipales, deberán ser integradas por miembros de estas entidades privadas, no obstante, de que estos funcionarios al asemejarse a los públicos les resulta aplicable la Ley del Lobby como sujetos pasivos.

Dado que la Ley 21.247 establece que se considerará el tiempo de descanso como trabajado para todos los efectos legales, por lo que al tratarse de una disposición especial y excepcional que consagra un beneficio especialísimo no puede asimilarse a los permisos ordinarios.

De acuerdo al dictamen E208180N2 el Ministerio de Desarrollo Social y Familia se encontraba habilitado para realizar campañas de información del borrador del texto constitucional. Además, de no presenciarse actividades contrarias al deber de apoliticidad y probidad administrativa.

Si bien la decisión de la DGAC de ordenar a su personal utilizar su descanso compensatorio como medida por la baja demanda laboral producto del Covid-19 fuera corregida por Contraloría, los funcionarios no pueden usar nuevamente este derecho, pues consistiría en una repetición del mismo.

En aplicación del artículo 95 de la LOC de Municipalidades que extienden las inhabilidades e incompatibilidades de los Concejales a los miembros de los COSOC.

No obstante, menciona que al entrar en vigor el nuevo cuerpo normativo de migraciones no se reconoce la Visa de Responsabilidad Democrática especial a los ciudadanos venezolanos.

Sin embargo, la entidad Controladora comprende el retraso de las gestiones sectoriales del MMA por las consecuencias de la pandemia del Covid-19, en aplicación de su jurisprudencia que lo consideró un caso fortuito para la Administración del Estado.

El becario doctoral recibe un medicamento en su país de residencia que en Chile tiene un costo económico elevado.

Sobre eventuales infracciones a la Ley de Propiedad, el Contralor señala que no tiene competencia para pronunciarse sobre estas y que son los tribunales de justicia los que deben determinar las responsabilidades en aquella materia.

No corresponde estimar que las declaraciones del Contraalmirante Parga vulneren el deber de obediencia, pues no se manifestó en contra de una decisión de la autoridad civil a la que se subordina, más bien se enmarcaron en el deber de brindar defensa jurídica a su personal.