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Diario Constitucional

REGULACIÓN DE IA Y TRANSPARENCIA

Transparencia algorítmica y Derecho: cuando regular la inteligencia artificial ya no es opcional

La inteligencia artificial ya forma parte de decisiones clave en la vida cotidiana, desde el crédito bancario hasta el acceso a servicios públicos. Este texto aborda la urgencia de una regulación jurídica que garantice transparencia, derechos fundamentales y supervisión humana en el uso de algoritmos, a partir del análisis de un proyecto de ley en Argentina y de una experiencia académica que se adelantó al debate legislativo.

Por Germán Ezequiel Brunner·04 de agosto de 2025·4 min de lectura
Imagen: libroscomweb.wordpress.com
Referencial

En los últimos años, la inteligencia artificial (IA) dejó de ser un asunto de laboratorios y se convirtió en una tecnología transversal, presente en decisiones que afectan la vida cotidiana: desde la asignación de turnos médicos hasta el análisis de solvencia crediticia o la selección de personal. En este nuevo paradigma, el Derecho se ve obligado a responder con marcos normativos que estén a la altura de los riesgos que implica delegar decisiones a sistemas automatizados.

Mi línea de investigación se centra precisamente en este cruce crítico entre Derecho, tecnología y ética. A fines de 2024, mi ponencia “Inteligencia Artificial y Derecho: Innovación y Retos Éticos en la Legislación Tecnológica” fue seleccionada y publicada en el Anuario Oficial de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Kennedy, luego de ser distinguida en el Congreso Estudiantil por anticipar un debate que hoy se encuentra en el centro de la agenda legislativa nacional.

Hablo del Proyecto de Ley de Responsabilidad Algorítmica (Exp. 3540-D-2025), actualmente en análisis en el Congreso argentino. La propuesta busca modificar la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales para incorporar principios como transparencia algorítmica, explicabilidad, auditoría independiente y revisión humana obligatoria en los sistemas de IA. En pocas palabras, propone introducir garantías legales para que ningún algoritmo opere sin control institucional ni rendición de cuentas.

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