Asuntos de Interés Público
Denuncia ciudadana
Apoderados denuncian cobro irregular por transporte escolar en Puerto Varas: servicio gratuito fue pagado durante 9 años
Un grupo de apoderados del Colegio Vencedor de Puerto Varas pagó cuotas mensuales por un transporte escolar que, según la normativa, correspondía ser financiado por el Estado. La denuncia ya está en manos de la Superintendencia de Educación y del Mineduc, que investigarán posibles responsabilidades.
Un grupo de apoderados del Colegio Vencedor de Puerto Varas denunció que pagó durante nueve años un servicio de transporte escolar que, según la normativa vigente, debería haber sido gratuito, ya que estaba cubierto por el Ministerio de Educación (Mineduc).
Los pagos se realizaban mensualmente bajo las figuras de un “aporte” de 20 mil pesos y una segunda cuota de 25 mil pesos, que muchos apoderados describen como un requisito “obligatorio” para matricular a sus hijos. La situación salió a la luz tras una revisión interna iniciada por uno de los apoderados, lo que detonó “indignación” dentro de la comunidad escolar.
El monto acumulado pagado por las familias durante este período asciende a varios millones de pesos, aunque no se ha precisado una cifra exacta.
La denuncia ya fue presentada ante la Superintendencia de Educación y el Ministerio de Educación, entes que deberán investigar las responsabilidades administrativas e incluso posibles sanciones penales que podrían derivarse de este caso.
Desde la Seremi de Transportes, se recordó que, según la normativa del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), el transporte escolar subsidiado es completamente gratuito para estudiantes, y que ni los establecimientos ni operadores o centros de padres pueden exigir pagos por este servicio.
Contexto y antecedente relevante
El caso refleja problemáticas similares en otras partes del país. Por ejemplo, en Puente Alto, se detectó una licitación por $1.660 millones para transporte escolar que habría presentado irregularidades, incluyendo una empresa adjudicataria que habría modificado su giro a servicios de transporte solo un mes antes de concursar, lo que activó una investigación interna por parte del nuevo alcalde en funciones.
La denuncia plantea serios cuestionamientos sobre transparencia en la administración escolar y la gestión de servicios que están destinados a ser gratuitos. Las familias afectadas exigen no solo la devolución de los pagos indebidos, sino también sanciones para quienes se consideren responsables. La decisión de los organismos estatales, particularmente del Mineduc y la Superintendencia, será clave para definir las responsabilidades y posibles reparaciones a las familias.
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