ACOT reúne 28 proyectos para reforzar combate al crimen organizado, pero informe advierte que su éxito dependerá de la implementación

El Ejecutivo presentó la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) como una estrategia destinada a fortalecer la respuesta del Estado frente a organizaciones criminales y amenazas terroristas. La iniciativa busca mejorar las capacidades operativas y tecnológicas de las instituciones de seguridad, modernizar la legislación, reforzar la coordinación estatal, aumentar la eficacia investigativa, fortalecer el control penitenciario y la persecución patrimonial y recuperar espacios seguros para la ciudadanía.

Un informe de Libertad y Desarrollo (LyD) sostiene que la agenda responde a un escenario de creciente complejidad del crimen organizado. Según el Índice Global de Crimen Organizado, Chile retrocedió diez posiciones entre 2023 y 2025, mientras aumentó la presencia del tráfico de personas, la extorsión y los delitos cibernéticos y financieros. A su vez, el Indicador Nacional de Crimen Organizado de CESCRO-USS muestra que los delitos asociados a este fenómeno aumentaron desde 11.089 en 2022 a 14.806 en 2025, equivalente a un 33,5%.

Aunque algunas estadísticas policiales muestran disminuciones en determinadas categorías de delitos, LyD advierte que ello no significa que las organizaciones criminales hayan perdido capacidad. El Informe de Crimen Organizado en Chile 2025 de la Fiscalía Nacional identifica mercados ilícitos altamente resilientes, especialmente el tráfico de drogas, que concentra cerca de la mitad de los ingresos vinculados a este tipo de criminalidad. Además, en las cárceles se incautan al menos 21 dispositivos de comunicación diarios, reflejo de la capacidad de coordinación criminal desde los recintos penitenciarios.

Entre los principales componentes de la ACOT se encuentra una reforma constitucional destinada a entregar nuevas herramientas al Estado. LyD estima, sin embargo, que no todas las medidas requieren rango constitucional y que varias podrían quedar entregadas a la ley. Respecto de la eventual creación de un nuevo estado de excepción, plantea que debería contemplar mayor participación del Congreso, causales claramente definidas y una delimitación precisa de las atribuciones estatales. También propone que la incorporación de organizaciones a un registro criminal esté respaldada por una resolución judicial.

La agenda reúne además 19 proyectos de ley actualmente en tramitación o priorizados, de los cuales 12 —el 63%— provienen del período anterior. Las iniciativas comprenden materias como Reglas de Uso de la Fuerza, modernización de Carabineros, legítima defensa de funcionarios policiales, migración irregular, ingreso clandestino, expulsiones administrativas, ley anti encapuchados, protección de infraestructura crítica, controles de identidad durante estados de excepción, juicio oral en ausencia, facultades policiales, reclutamiento de menores por organizaciones criminales, Responsabilidad Penal Adolescente y seguridad municipal.

Para LyD, estos proyectos deben traducirse en capacidades estatales concretas y medibles. En migraciones, deberían mejorar la detección, retención, sanción y expulsión de personas en situación irregular; en persecución penal, aumentar la capacidad investigativa frente a organizaciones criminales; y en seguridad pública, fortalecer la respuesta ante violencia coordinada, sabotajes y amenazas contra infraestructura estratégica. El informe pone especial atención en el reclutamiento de adolescentes por redes criminales y sostiene que cualquier reforma a la responsabilidad penal juvenil debe equilibrar persecución, reinserción y prevención.