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Tutela judicial efectiva
Tribunal Constitucional de España dictamina que investigaciones judiciales por muertes sospechosas deben ser diligentes y eficaces
La sentencia establece un precedente jurisprudencial respecto a las exigencias de suficiencia en la actividad investigadora judicial y al derecho de las partes a ser informadas del desarrollo del procedimiento penal. El fallo declara la nulidad del sobreseimiento, ordena la retroacción procesal y establece los efectos sobre los plazos y las actuaciones previas vinculadas a otros delitos.

El Tribunal Constitucional de España resolvió un recurso de amparo estimando dos quejas presentadas por los familiares de una persona fallecida, a causa del cierre anticipado de la investigación penal por homicidio y la falta de comunicación del auto de sobreseimiento.La resolución aborda dos cuestiones: el alcance del derecho a una investigación judicial suficiente en casos de posible homicidio, y el derecho de los familiares de la víctima a ser informados del curso y cierre del procedimiento penal.
Según se narra en los hechos, el hallazgo del cuerpo sin vida de una persona en su domicilio motivó la apertura de diligencias para determinar la causa del fallecimiento. Se encargó al médico forense el levantamiento del cadáver y la práctica de un informe toxicológico. En atención a los resultados negativos de dichas pruebas, y en ausencia de signos de violencia, el órgano instructor acordó el sobreseimiento de las actuaciones relativas al delito de homicidio.
No obstante, obraban en la causa informes policiales que ponían en conocimiento del Juzgado la posible vinculación del fallecimiento con otros delitos de homicidio y tentativa de homicidio investigados en fechas cercanas en otrs jurisdicciones. Se señalaba además que el investigado había conocido a la víctima y habría utilizado una técnica de estrangulamiento conocida como “mataleón”. También constaban transferencias bancarias realizadas desde dispositivos electrónicos del fallecido por parte del mismo sujeto, hecho que motivó la extensión de la investigación a eventuales delitos patrimoniales.
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