TJUE ordena aplicar retroactivamente norma más benigna y anular multa a conductor eslovaco tras cambio legal europeo

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resolvió que debe aplicarse retroactivamente la normativa penal más benigna en un caso referido a un conductor eslovaco multado con €200 por no haber sometido a inspección obligatoria el tacógrafo de un vehículo de transporte de hormigón en noviembre de 2015. En aquella fecha, el derecho eslovaco, en consonancia con el derecho de la Unión, exigía dicha inspección periódica. El conductor y la empresa propietaria del vehículo recurrieron la multa ante el Tribunal Regional de Bratislava, que la confirmó, y luego interpusieron un recurso de casación.

Durante la tramitación de ese recurso, el 20 de agosto de 2020 entró en vigor un nuevo reglamento europeo que autorizaba a los Estados miembros a eximir a los vehículos de transporte de hormigón preamasado de la obligación de disponer de tacógrafo. Eslovaquia adoptó la exención mientras el procedimiento aún estaba abierto, por lo que el conductor y la empresa sostuvieron que los hechos cometidos en 2015 habían dejado de ser ilícitos y que la multa debía ser anulada.

Ante esta controversia, el Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo eslovaco consultó al TJUE sobre el alcance del principio de aplicación retroactiva de la ley penal más benigna previsto en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Indicó que, conforme al derecho nacional, la infracción se consideraba administrativa y que la resolución del Tribunal Regional era formalmente firme, aunque susceptible de recurso de casación.

El TJUE declaró aplicable la Carta al caso, dado que tanto la normativa inicial como su modificación posterior derivaban del derecho de la Unión. Explicó que el principio de retroactividad de la ley penal más favorable se circunscribe al ámbito penal, pero precisó que la calificación nacional de una sanción como “administrativa” no excluye su naturaleza penal para efectos europeos. Para asegurar una aplicación uniforme del principio, deben considerarse la naturaleza de la infracción y la gravedad de la sanción.