Actualidad Internacional
Reserva Natura 2000
Justicia neerlandesa ordena proteger reserva marina afectada por pesca de arrastre
Determinó que las excepciones legales aplicadas a la actividad pesquera en el Mar del Norte vulneran las directivas ambientales europeas. El fallo establece la obligación de realizar evaluaciones de impacto previas para garantizar la conservación de los ecosistemas marinos protegidos frente a técnicas de extracción perjudiciales.
El Tribunal de Distrito de La Haya (Países Bajos) resolvió que el Secretario de Estado de Agricultura, Pesca, Seguridad Alimentaria y Naturaleza rechazó de manera incorrecta una solicitud contra la pesca que afecta el fondo marino en Dogger Bank. Esta zona consiste en un extenso banco de arena ubicado en el Mar del Norte, a unos 275 kilómetros de la costa, y cuenta con la designación de área protegida Natura 2000 debido a su relevancia ecológica.
El conflicto surgió a raíz del uso de técnicas de pesca móviles que remueven el lecho marino, una práctica que diversas organizaciones ambientales consideran perjudicial para la biodiversidad del sector. La autoridad administrativa había desestimado inicialmente los reclamos de estas organizaciones bajo el argumento de que la normativa vigente eximía a los pesqueros de obtener permisos ambientales específicos.
Según la interpretación del Secretario de Estado, las actividades reguladas por la política pesquera común de la Unión Europea dentro de la zona económica exclusiva no requerían este tipo de autorizaciones adicionales. Esta postura permitía que los buques operaran en la zona sin que se realizara una evaluación técnica previa sobre los efectos potenciales de su actividad en el entorno natural.
Sin embargo, la sentencia judicial estableció que la disposición reglamentaria utilizada para justificar dicha exención no es vinculante por ser contraria a la Directiva Europea de Hábitats. El tribunal señaló que la normativa comunitaria exige certeza sobre la ausencia de impactos negativos en las áreas protegidas antes de permitir cualquier intervención humana. Al excluir de forma generalizada a la pesca de este requisito de evaluación, el Estado incumplió con las obligaciones de protección ambiental que rigen para las zonas calificadas como Natura 2000.
Como consecuencia de este fallo, se determinó que la actividad pesquera que se desarrolla actualmente en Dogger Bank con herramientas que alteran el fondo marino constituye una infracción legal, al carecer de los permisos ambientales necesarios. El tribunal otorgó un plazo de seis semanas al Secretario de Estado para emitir una nueva decisión respecto a las medidas de fiscalización y cumplimiento solicitadas por los grupos ecologistas. La autoridad deberá ahora evaluar la situación considerando que la ley exige medidas coercitivas ante infracciones, salvo que existan razones excepcionales que las vuelvan desproporcionadas.
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