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Estados Unidos.
Grupos ambientalistas impugnan derogación de declaratoria sobre efectos de gases de efecto invernadero
La impugnación cuestiona la eliminación de la declaratoria de 2009 que calificaba a los gases de efecto invernadero como una amenaza para la salud pública. El proceso judicial busca restablecer la competencia de la Agencia de Protección Ambiental para fijar estándares técnicos en motores y vehículos nuevos. La controversia surge tras la supresión de los fundamentos legales que permitían la fiscalización de contaminantes atmosféricos en el marco de la legislación federal vigente.

Un conjunto de organizaciones ambientalistas y comunidades indígenas de Alaska (Estados Unidos) entabló una acción legal ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia. La demanda se dirige contra la administración federal tras la publicación de una norma definitiva por parte de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) que revoca la Declaración de Peligro por Gases de Efecto Invernadero. Esta resolución, emitida originalmente en 2009, constituía el sustento jurídico para implementar regulaciones sobre las emisiones de vehículos motorizados.
Con la entrada en vigencia de la nueva disposición, la EPA ha visto limitada su capacidad de actuación bajo la Sección 202(a) de la Ley de Aire Limpio. Según el planteamiento de los demandantes, la supresión de esta normativa impide que el organismo establezca límites técnicos a los contaminantes que contribuyen al calentamiento global. La base de la reclamación sostiene que la agencia debe mantener sus atribuciones para supervisar los estándares ambientales en el sector transporte, el cual es identificado como una fuente relevante de emisiones en el país.
El conflicto jurídico tiene sus raíces en el precedente establecido por la Corte Suprema en el año 2007, mediante el fallo del caso Massachusetts contra la EPA. En dicha sentencia, el máximo tribunal determinó que los gases de efecto invernadero se encuentran dentro de la definición de contaminantes atmosféricos sujetos a la Ley de Aire Limpio. En consecuencia, se ordenó a la autoridad ambiental evaluar si tales sustancias representaban un riesgo para el bienestar general, lo que derivó en la declaratoria que ahora ha sido derogada por la actual administración.
Los accionantes argumentan que la decisión administrativa contradice los objetivos institucionales de protección del entorno y la salud humana. La demanda busca que la justicia deje sin efecto la revocación, señalando que el sector de transporte requiere de una supervisión constante para mitigar los riesgos asociados a la contaminación atmosférica y cumplir con las obligaciones legales de seguridad pública.
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