Estados de EE.UU. demandan al gobierno federal por retención de fondos para estaciones de carga de vehículos eléctricos

Los demandantes sostienen que esta retención de recursos configura un embargo ilegal que contraviene los mandatos del Congreso y los procedimientos administrativos establecidos. Solicitan la intervención de los tribunales para liberar el financiamiento.

Por LUIS EDWARDS TAPIA·23 de diciembre de 2025·2 min de lectura

Un grupo conformado por quince estados de EE.UU, junto al Distrito de Columbia y el gobernador de Pensilvania, interpuso una demanda en contra de diversas agencias federales. La acción legal responde al bloqueo de los recursos económicos que habían sido legalmente asignados para el desarrollo de programas destinados a las estaciones de carga de vehículos eléctricos.

Según el libelo, la administración federal ha retenido de manera inconstitucional el financiamiento correspondiente al Programa de Subvenciones Discrecionales para Infraestructura de Carga y Abastecimiento de Combustible (CFI) y al Programa Acelerador de la Fiabilidad y Accesibilidad de los Cargadores de Vehículos Eléctricos.

Los fondos en disputa tienen su origen en la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleo (IIJA), normativa aprobada por el Congreso en 2022 durante el mandato anterior, la cual destinó partidas multimillonarias para estos fines específicos. La denuncia presentada ante la justicia sostiene que las agencias demandadas no han entregado explicaciones públicas que justifiquen la suspensión de dichos programas. Asimismo, se detalla que las respuestas otorgadas a los beneficiarios de los fondos han sido calificadas como dilatorias, crípticas o inexistentes.

El conflicto se origina tras la emisión, en enero pasado, de una orden ejecutiva titulada «Liberando la Energía Estadounidense». Este decreto instruyó a las agencias federales a pausar el financiamiento de los programas vinculados a la electromovilidad mientras se sometían a una revisión administrativa, argumentando la necesidad de detener iniciativas asociadas al «Nuevo Pacto Verde». La orden también estableció como directriz política la eliminación de lo que denominó un mandato de vehículos eléctricos, buscando promover la elección del consumidor.

Frente a esto, los demandantes expresaron en su escrito escepticismo sobre la terminología utilizada en la orden presidencial. Argumentan que el gobierno federal nunca ha adoptado formalmente un mandato de vehículos eléctricos y que, bajo el pretexto de eliminar esta figura que califican de ficticia, se ordenó la paralización inmediata de los desembolsos asignados a través de la IIJA.

Desde una perspectiva jurídica, la parte demandante alega que las acciones del Ejecutivo constituyen un embargo. Esta figura se materializa cuando el poder ejecutivo retiene o se niega a distribuir fondos que han sido expresamente asignados por el poder legislativo. En consecuencia, la demanda plantea que esta acción administrativa vulnera los principios fundamentales de la separación de poderes y no se adecúa al marco legal estricto que regula las situaciones de embargo presupuestario.

Cabe destacar que existen antecedentes recientes sobre litigios de esta naturaleza. En mayo, un grupo similar de estados presentó una acción judicial contra la administración por el bloqueo de financiación del Programa Nacional de Fórmula para la Infraestructura de Vehículos Eléctricos (NEVI), el cual contaba con una asignación de 5 mil millones de dólares. En dicha instancia, el mismo tribunal que conocerá la causa actual concedió una orden preliminar a favor de los demandantes, al considerar que el bloqueo de los fondos presentaba indicios de ilegalidad.

Vea texto de la demanda.

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