Acción de Protección
Universidad Austral.
Se confirma sanción a profesor denunciado por acoso sexual por 5 alumnas.
La Universidad dio lugar a denuncias presentadas por estudiantes de Ingeniería en Información y Control de Gestión de la sede Puerto Montt, ordenando amonestación escrita y cumplimiento de condiciones de conducta por cuatro semestres.

La Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, que rechazó el recurso de protección interpuesto por un profesor en contra de la Universidad Austral de Chile, por las sanciones disciplinarias impuestas al actor, consistentes en una amonestación escrita y la obligación de mantener una conducta irreprochable en su relación con los estudiantes, bajo supervisión, además de participar en un programa de capacitación durante cuatro semestres.
El recurrente denunció actuaciones ilegales y arbitrarias por parte de la Comisión para la Intervención en Situaciones de Acoso, Violencia y Discriminación, que le impuso sanciones disciplinarias por acusaciones de acoso sexual. Argumentó que se han vulnerado sus derechos al debido proceso, al ser invertida la carga de la prueba y al no haberse respetado su derecho a defenderse adecuadamente. Alegó que la investigación fue defectuosa, con errores en la calificación de los hechos, la valoración de la prueba y la incoherencia entre las denuncias y las sanciones impuestas. Además, denunció falta de transparencia y parcialidad en el procedimiento. Solicitó que se dejen sin efecto las sanciones.
La Universidad instó por el rechazo del recurso, argumentando que la institución ejerce su autonomía para implementar políticas y reglamentos internos, como el Reglamento de Intervención en situaciones de acoso, violencia y discriminación en la Comunidad Universitaria, el cual busca proteger a toda la comunidad educativa. En relación al caso específico, relacionado con las denuncias interpuestas por cinco estudiantes por hechos de acoso sexual y discriminación, indicó que se respetó el debido proceso, y que el profesor pudo ejercer su derecho de defensa, presentar pruebas y observaciones, y acceder a toda la documentación del caso. Defendió la validez de la investigación, mencionando que la Comisión valoró adecuadamente la prueba y aplicó criterios de credibilidad al evaluar los testimonios. En cuanto a la sanción, aunque el informe inicial sugería una más severa, la Comisión impuso una sanción más leve, considerando la gravedad de los hechos y las circunstancias atenuantes y agravantes.
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