Aunque no se solicitó la autorización previa a la DIPRES para que un funcionario de planta de la Subsecretaría de Justicia asumiera un cargo a contrata en Gendarmería conservando su puesto de titular, tal irregularidad no lo puede perjudicar.

La Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Santiago y acogió el recurso de protección interpuesto por un funcionario de planta de la Subsecretaría de Justicia que se trasladó transitoriamente a la Dirección Regional de Arica y Parinacota de la Gendarmería en calidad de contrata conservando su puesto de titular, en contra de tres actos administrativos emanados de Gendarmería (que dejó sin efecto su designación como contrata), de Contraloría General de la República (que dictaminó el cese de sus funciones en la Subsecretaría de Justicia por trasladarse a la Gendarmería sin contar con autorización de la DIPRES), y de la Subsecretaría de Justicia (que solicitó regularizar su relación contractual en atención a lo resuelto por la Contraloría).

El recurrente explica que es un funcionario de planta de la Subsecretaría de Justicia (desde el año 2006), y que aceptó una propuesta laboral de Gendarmería en diciembre del 2019 para ejercer el cargo de Director de Administración en la Dirección Regional de Arica en calidad de contrata, para lo cual solicitó autorización del Ministerio de Justicia –en aplicación de los artículos 87, letra d), y 88 del Estatuto Administrativo-, para mantener su cargo titular en la Subsecretaría.

El Subsecretario de Justicia autorizó su salida temporal hacia Gendarmería conservando sí su cargo de planta en la Subsecretaría. De este modo el Director Nacional de Gendarmería dictó, en marzo del año 2020, la resolución que lo designó como funcionario a contrata de Gendarmería a partir del 31 de diciembre del 2019 –vínculo que fue prorrogado para la siguiente anualidad, hasta el 31 de diciembre del año 2021-.