Tribunal de Hong Kong condena a prisión a activistas por conmemorar masacre de Tiananmen

Un Tribunal de Primera Instancia de Hong Kong declaró culpables por unanimidad a dos activistas y a la disuelta organización a la que pertenecían por el delito de incitación a la subversión, ilícito contemplado en la Ley de Seguridad Nacional. Los tres magistrados designados determinaron que los acusados enfrentan penas que pueden alcanzar hasta diez años de cárcel.

La resolución judicial consideró que promover el fin de la dictadura de partido único, principalmente a través de vigilias anuales para recordar la masacre de la Plaza de Tiananmen (1989), constituyó una incitación ilegal. Los jueces establecieron que no existe un término natural para el liderazgo de la colectividad gobernante, por lo que dicha postura buscaba socavar el sistema básico estatal.

Durante el proceso, la defensa sostuvo que la Constitución china consagra que el poder reside en el pueblo. No obstante, el tribunal desestimó este planteamiento al aplicar la reforma de 2018 que define la conducción del partido Comunista de China como el rasgo esencial del modelo estatal, concluyendo que la actuación del colectivo resultaba incompatible con la Constitución.

Respecto al régimen autonómico, el tribunal determinó que, aunque las normas nacionales no rigen automáticamente en el territorio, la Constitución es la fuente última de autoridad legal en la ciudad. Por este motivo, los jueces resolvieron que los preceptos compatibles con el principio de coexistencia institucional son plenamente aplicables y prohíben actos contrarios a sus bases fundamentales.

El fallo contó con el respaldo del gobierno local y de la máxima autoridad ejecutiva, quienes señalaron que las acciones de los acusados manifestaban hostilidad hacia las instituciones estatales. En contraste, organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos cuestionaron el dictamen, calificaron el proceso como una medida para silenciar la memoria histórica y exigieron la libertad inmediata de los afectados.

Los involucrados enfrentaban cargos formales desde septiembre de 2021 bajo el artículo 22 de la normativa de seguridad de 2020. Una de las personas acusadas permaneció bajo prisión preventiva durante 1.808 días, mientras que el otro dirigente ya cumplía una condena de presidio por asambleas no autorizadas; en tanto, un exlegislador admitió su culpabilidad previamente y la entidad fue disuelta en 2021.

Vea texto de la sentencia.