Medida es discriminatoria
Tribunal de EE.UU. anula decreto presidencial que prohibía otorgamiento de visas a ciudadanos de 75 países
Un Tribunal de Distrito de Estados Unidos dejó sin efecto una directriz gubernamental que vetaba la concesión de visas de inmigrante a personas de 75 países. La resolución determinó que la instrucción emanada desde la Secretaría de Estado carecía de sustento normativo y sobrepasaba las…

Un Tribunal de Distrito de Estados Unidos dejó sin efecto una directriz gubernamental que vetaba la concesión de visas de inmigrante a personas de 75 países. La resolución determinó que la instrucción emanada desde la Secretaría de Estado carecía de sustento normativo y sobrepasaba las competencias de dicha cartera, dado que la legislación migratoria vigente excluye a esta jefatura del proceso de adjudicación que corresponde a los consulados.
La sentencia analizó la orden emitida a inicios de año hacia las oficinas consulares, mediante la cual se instruía el rechazo general de visados para residentes de decenas de territorios, abarcando a casi el 40% de los países a nivel global, concentrados en regiones de África, América Latina, el Sudeste Asiático, Medio Oriente y el Caribe.
El fundamento utilizado por el gobierno para aplicar la medida correspondía al criterio de carga pública, según el cual los postulantes deben acreditar que no requerirán asistencia estatal para su subsistencia. No obstante, diversas organizaciones de asistencia legal y de defensa de migrantes recurrieron a la justicia para frenar la ejecución de esta política de exclusión.
En los fundamentos de la sentencia, se destacó que el marco legal obliga a los agentes consulares a examinar cada expediente de forma particular, valorando elementos como la preparación laboral, los recursos económicos y el respaldo de redes de apoyo en territorio nacional. Por ello, la imposición de un criterio restrictivo basado únicamente en la nacionalidad anulaba indebidamente la discrecionalidad técnica de los funcionarios.
A raíz de esta decisión, el tribunal invalidó todos los rechazos de permisos que se hubieran sustentado exclusivamente en el veto generalizado y mandató la reanudación inmediata de las evaluaciones individuales para los afectados, desestimando la postura ministerial sobre un eventual riesgo financiero masivo.
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