Tribunales por País · página 117

Cuando un habitante del territorio está sometido a amenazas insoportables a su vida, es imperativo que el Estado adopte las medidas tendientes a proteger a la persona, para que estos peligros que se ciernen sobre ella no se materialicen.

El fallo exhorta al legislativo a que actualice el régimen jurídico aplicable a las madres no gestantes, con la finalidad de evitar la reiteración de conflictos de esta naturaleza.

Las empresas de servicio de energía son responsables de proteger a la comunidad de los riesgos, especialmente a los menores, para cuyo cometido es necesario que evalúen oportunamente la gravedad del riesgo y prevengan cualquier peligro.

El plazo de prescripción de la pena no se ve interrumpido por el hecho de que la persona condenada se haya dado a la fuga.

El derecho a la salud de las personas trans exige un cuidado apropiado y oportuno que reconozca sus identidades diversas y permita el acceso a las prestaciones necesarias para lograr su bienestar.

Cuando el trabajador es readmitido en el trabajo, el tiempo en que se encontró fuera de su actividad laboral, debe considerarse como efectivamente trabajado.

La prisión preventiva tiene como finalidades exclusivas garantizar la comparecencia de la persona procesada; garantizar el derecho de las víctimas a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones y, asegurar el cumplimiento de la pena. En ningún caso, puede perseguir fines punitivos o de cumplimiento anticipado de la pena.

Le incumbe al profesional tratante cargar con la prueba de que obró diligentemente, es decir, que empleó los estudios y tratamientos llevados a cabo para dejar al descubierto la imprevisibilidad o inevitabilidad de la conducta del paciente.

La propiedad privada debe ejercerse observando los parámetros de responsabilidad social y ambiental.

Así se relata en el primer capítulo de la segunda temporada de la serie «Narcos México». La Drug Enforcement Agency (DEA) –Agencia Antidroga estadounidense–, tomó la decisión de investigar a fondo el secuestro, la tortura y el asesinato de su agente Enrique «Kiki» Camarena, destinado en Guadalajara, México, donde «reinaba» el capo sinaolense Miguel Ángel Félix Gallardo, el capo del cártel de Guadalajara. Una decisión basada en la falta de colaboración de las autoridades mexicanas.

El Tribunal Supremo cambió el precedente, estableciendo que la Constitución permite, por una sola vez, la reelección presidencial.

La menor viajaba en los brazos de su madre y no en una silla para niños con el sistema de seguridad, pero aun así el daño sufrido por la muerte de la menor no hubiera podido ser menor por lo que no se justifica la reducción indemnizatoria.

La utilización de este tipo de dispositivos o de otros medios tecnológicos requiere, por su fuerte injerencia en derechos individuales, una habilitación expresa que sopese la necesidad y proporcionalidad de tal medida de intrusión en función del bien que se intenta preservar y los derechos en juego.

Las instituciones estatales deben garantizar la existencia de un procedimiento que permita valorar la pérdida de capacidad laboral de manera periódica, especialmente cuando se trata de enfermedades crónicas, catastróficas, progresivas, degenerativas o de una infección con las características del VIH.

La pena de prisión perpetua revisable no es una medida idónea, proporcional ni efectiva para garantizar y asegurar la protección de niñas, niños y adolescentes, al tiempo que genera graves perjuicios a la dignidad humana de las personas condenadas.

Se impuso a la recurrente de casación una carga irrazonable que afectó su derecho a recurrir.

La limitación temporal supone un total desconocimiento de la dignidad humana y del libre desarrollo de la personalidad de las mujeres gestantes, cuyo embarazo no es producto de una decisión libre y consentida, sino es el resultado de conductas arbitrarias y violentas.

El fallo, aplicando la teoría de la imputación objetiva, concluye que la conducta del imputado no es penalmente relevante pues no crea un riesgo jurídicamente desaprobado.

El trabajo es la condición objetiva sin la cual no se hubiera producido el accidente, de modo que existe un nexo causal entre la relación de trabajo y el accidente.

La mera designación de un defensor público no es suficiente para garantizar una efectiva protección del derecho a la defensa. El defensor debe contar con el tiempo y medios adecuados para la preparación de la defensa.

De manera excepcional se puede inaplicar el requisito de apostilla para convalidar un título obtenido en el exterior, cuando se constate que su exigencia, en el caso concreto, resulta manifiestamente irrazonable y desproporcionada.

La discriminación indemnizatoria entre los progenitores resulta justificada en la medida en que la madre se dedicó a la guarda y cuidado de la menor, mientras que el padre se mantuvo sin contacto con ella durante 4 años.

El agente policial, en medio del campo de juego, le gritó a un jugador “negro sidoso”.

Si bien la solicitud fue rechazada sin expresión de razones, la inadmisión no es arbitraria puesto que dicha decisión se fundó en las normas estatutarias.

No puede predicarse inexistencia o nulidad de los actos que permiten formar la unión marital de las personas mayores de 14 años, puesto que estas poseen la madurez para decidir sobre sus propias vidas y asumir responsabilidades.

Aun cuando el resultado de muerte de la víctima sea autoinflingido, este provino del comportamiento ilícito de su progenitor.

Las medidas sanitarias no pueden ser invocadas como un obstáculo absoluto frente a la urgencia de reingresar al territorio nacional por un padecimiento grave de salud que no puede ser tratado en el exterior, o es difícil de costear.

El fallo ordena a la institución recurrida a que, en adelante, efectúe una evaluación detallada de las pruebas médicas que presenten los ciudadanos cuando reclamen la sustitución pensional por invalidez.

Una demora prolongada o falta de razonabilidad en el plazo constituye, en principio, y por sí misma, una violación de las garantías judiciales.