Justicia de EE.UU. dictamina que cancelación de subvenciones para proyectos de energías limpias es ilegal

El Tribunal de Apelaciones del Circuito de DC (Estados Unidos) determinó que las acciones adoptadas para cancelar miles de millones de dólares en subvenciones destinadas a proyectos de energía limpia son ilegales. La resolución reinstauró los efectos principales de un dictamen de primera instancia que prohibía a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos la recuperación de los recursos financieros entregados a diversas organizaciones durante el periodo presidencial anterior.

La sentencia constituye una de las decisiones judiciales más relevantes en contra de las políticas orientadas a revertir el gasto en materia de acción climática. No obstante, el tribunal de alzada decidió suspender temporalmente la ejecución de su pronunciamiento con el fin de permitir que la agencia estatal presente una solicitud de revisión ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

El centro del debate radica en la vía procesal aplicable para impugnar la revocación de estos aportes públicos. Mientras las decisiones iniciales estimaban que el caso debía tramitarse ante el Tribunal de Reclamaciones Federales bajo la Ley Tucker por tratarse de una disputa contractual, la mayoría de la corte de apelaciones concluyó que las acciones constitucionales y de procedimiento administrativo presentadas buscaban frenar una injerencia indebida sobre fondos que las entidades ya poseían en entidades bancarias.

La discusión también abordó el impacto de la Ley de la Gran Ley de 2025, normativa impulsada por el Congreso que derogó las disposiciones originarias de la Ley de Reducción de la Inflación y rescindió los fondos no comprometidos. Los cuatro magistrados disidentes sostuvieron que dicha derogación legislativa impedía a las organizaciones demandantes justificar la continuidad del bloqueo impuesto sobre las partidas presupuestarias.

La controversia tiene su origen en el Fondo para la Reducción de Gases de Efecto Invernadero, una iniciativa de 27 mil millones de dólares que asignó aportes en agosto de 2024 mediante dos programas de inversión limpia. Tras la congelación y posterior anulación de las subvenciones a comienzos de 2025 bajo alegaciones de eventuales irregularidades que no fueron acreditadas en sede judicial, cinco organizaciones beneficiarias recurrieron a los tribunales para resguardar los fondos asignados.

Tras el fallo, representantes de las entidades demandantes valoraron la decisión al considerar que se ratifica la arbitrariedad en la suspensión de los recursos otorgados. En tanto, la autoridad ambiental no emitió declaraciones sobre el fallo, mientras la causa regresa al tribunal de distrito para resolver la validez de la terminación futura de los convenios a la luz de las nuevas modificaciones legales.

Vea texto de la sentencia.