Corte Suprema de EE.UU. autoriza provisionalmente restricciones al voto por correo

La Corte Suprema de Estados Unidos suspendió la medida cautelar que impedía implementar la Orden Ejecutiva 14399 dictada por Donald Trump para restringir el voto por correo. Resolvió que los demandantes no acreditaron un perjuicio concreto y cercano que justificara su revisión previa a las elecciones legislativas, desestimando paralelamente la solicitud del estado de Alabama contra California por carecer de objeto.

La orden presidencial instruye al Departamento de Seguridad Nacional a crear un registro de ciudadanía de votantes por estado y ordena al Departamento de Justicia priorizar investigaciones penales contra funcionarios que faciliten sufragios no autorizados. Además, encomienda al Servicio Postal de Estados Unidos fijar normas técnicas para los sobres electorales con códigos de barra, regulación que entró en vigor días antes del pronunciamiento dela Corte.

El proceso se inició cuando una coalición integrada por veintitrés Estados y el Distrito de Columbia presentaron una demanda ante el Tribunal Federal de Distrito de Massachusetts. Este dictó un fallo que prohibió al gobierno aplicar el decreto durante los comicios, decisión que el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito rechazó suspender a fines de julio, motivando el requerimiento del gobierno ante el máximo tribunal del país.

La Corte consideró que las disposiciones presidenciales constituyen mandatos internos hacia las agencias ejecutivas subordinadas a la ley vigente y que el reclamo original se basaba en daños hipotéticos. Las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson emitieron votos disidentes particulares al disentir del criterio adoptado por la mayoría.

En sus discrepancias, la jueza Sonia Sotomayor afirmó que una lectura razonable del texto y las admisiones gubernamentales confirman una amenaza concreta para los estados. A su vez, la jueza Ketanji Brown Jackson sostuvo que existió una errónea interpretación de los antecedentes y recordó que el tribunal de instancia declaró ilegal el decreto sin que el gobierno defendiera su constitucionalidad ante la máxima corte.

El fallo de la Corte Suprema aclaró que no define la legalidad sustancial del decreto y que dicha discusión continuará en las instancias correspondientes. La suspensión mantendrá sin efecto la prohibición dictada en Massachusetts mientras el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito tramita la apelación y concluyan las eventuales peticiones de revisión formal ante el tribunal supremo.

Vea sentencia Corte Suprema de Estados Unidos.