Tribunales Internacionales · página 63

La Comisión continúa preocupada por la respuesta estatal a las muertes y los heridos que cobró la represión de las protestas, así como la respuesta del Estado en relación con las manifestaciones.

Rodríguez era columnista de economía, justicia y política en el medio digital República.gt. Adicionalmente, era tuitero y conocido en redes sociales por sus publicaciones sobre temas de actualidad nacional.

Propone recopilar información con el fin de apoyar a los Estados miembros en el seguimiento de las recomendaciones y de las decisiones de la CIDH en materia de erradicación de la violencia y de la discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes.

El caso de Mario Montesinos Mejía se relaciona con la detención ilegal y arbitraria de la víctima por parte de agentes policiales en 1992, los actos de tortura en su contra, así como a la falta de garantías judiciales en los procesos penales que se le siguieron.

Para la Comisión la pobreza se traduce en una serie de obstáculos para el goce y el ejercicio de los derechos humanos.

Se calcula que entre 4 y 6 millones de franceses son musulmanes, de muy diversa sensibilidad, enfrentadas en muchas ocasiones.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Pará, un grupo de personas armadas ingresó al recinto penitenciario al derribar uno de sus muros con explosivos, y tomó como rehenes a varios guardias penitenciarios, a fin de que los internos pudieran fugarse.

El Alto Tribunal reconoció el derecho a la alteración del nombre y prenombre de las personas trans en los registros civiles del país a través de la auto declaración, sin la necesidad de decisión judicial, médica o psicológica y de realizarse una cirugía de afirmación sexual.

Ciudadana alemana consideró que había sido víctima de una discriminación basada en la religión, demandó a la asociación religiosa ante los tribunales alemanes y solicitó una indemnización de 9788,65 euros.

Solicitan con urgencia que se establezca un equipo de investigación sobre los ataques con armas químicas.

Uno de los problemas es que deportistas que puedan haber colaborado en una conducta ilícita puedan ser considerados "héroes nacionales" por la opinión pública.

Específicamente el caso (No. 12.127) Vladimiro Roca Antúnez y otros. La Comisión decidió publicar el informe, porque consideró que este país no cumplió con estas recomendaciones.

El Tribunal observó por primera vez que el símbolo de Himmler en un uniforme de las SS con un brazalete de esvástica no podía considerarse que tuviera otro significado que el de la ideología nazi y sostuvo que el condenado tenía conocimiento de la legislación en cuestión.

En condiciones de ser remitido al Ejecutivo para su promulgación quedó el proyecto de acuerdo internacional que aprueba el Tratado sobre el Comercio de Armas de las Naciones Unidas, adoptado en Nueva York el 2 de abril de 2013.

Se señala que la reelección en sistemas presidenciales y semipresidenciales no representa un derecho humano.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos analizará las subidas del 0,25%, debido a la desvinculación de las pensiones de los precios, que denunció un jubilado de la Marea Pensionista.

Ni Guyana ni Venezuela han ratificado el Pacto de Bogotá de 1948, instrumento internacional emblemático que ha permitido en América Latina resolver ante el juez internacional una gran cantidad de controversias surgidas entre dos Estados del hemisferio americano.

El objetivo es conocer avances en ese proyecto y en identidad de género.

La Comisión valora esta acción como un paso importante en la protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad y en el cumplimiento de las obligaciones internacionales en la materia.

Después de la visita de trabajo realizada al país en noviembre de 2017, el Estado remitió a la CIDH una nota que contenía la propuesta para la creación de la referida Mesa con el registro de los 12 temas de atención que habían sido identificados por la Comisión como prioritarios.

Tratándose de un juez que debe (además de dictaminar justicia) buscar la manera de no azuzar los ánimos entre dos Estados con su decisión, resulta extremadamente difícil prever cuál será su sentencia final sobre esta irresuelta controversia entre Bolivia y Chile.

Los contenidos del sitio fueron elaborados a partir de un informe, aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en marzo de 2017.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, sólo 3 de más de 100 acusaciones criminales han sido abiertas desde la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía.

La Comisión consideró que los integrantes identificados de la Junta se encuentran, en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal se encuentran en una situación de riesgo.

La Comisión arguye que frente a los casos de violencia sexual, los Estados deben adoptar protocolos de investigación que eviten re-victimizar a las mujeres, niñas y adolescentes, así como facilitar el acceso a servicios integrales de apoyo y atención médica adaptada, incluida la interrupción legal, oportuna y segura de los embarazos resultado de violencia sexual.

La Comisión aborda el sistema de administración de justicia, la situación de personas defensoras de derechos humanos y operadores de justicia, mujeres, niños, niñas y adolescentes, pueblos indígenas y personas afrodescendientes, migrantes y personas desplazadas, la situación de la libertad de expresión, entre otros.

La Comisión enfatiza que el Estado boliviano tiene la obligación de investigar de oficio y con la debida diligencia todas aquellas muertes de personas que se encuentran bajo su custodia.

Desde el punto de vista procesal, nos encontramos ante la recta final del procedimiento contencioso, después de la cual los jueces de La Haya entrarán a deliberar y a elaborar su decisión final.

De acuerdo a la Comisión, el objetivo es prevenir y abordar mejor las violaciones de derechos humanos relativas a orientación sexual, identidad de género, características sexuales vinculadas al hecho de ser intersexual, y otros asuntos de derechos humanos de interés común.

El caso se relaciona con la inexistencia de un recurso ordinario que permita la revisión integral de la sentencia condenatoria impuesta por el delito de homicidio simple en el marco de un proceso penal en la Provincia de Mendoza, Argentina, en 1997.