Tribunales Internacionales · página 62

El asesino de Utoya denunció en 2015 al Estado noruego por "trato inhumano" y "violación de su derecho a la intimidad y vida familiar".

Salil Shetty, secretario general del organismo, declaró que "una vez más el Presidente Trump demuestra su absoluto desprecio por los derechos y las libertades fundamentales que Estados Unidos afirma defender y respetar".

El informe conjunto evalúa la situación del derecho a la libertad de expresión en el país y realiza recomendaciones para la protección de periodistas y la debida investigación de los ataques sufridos por estos profesionales.

Se destacan reformas legislativas en Francia contra la esclavitud doméstica; en Rusia y Chipre, contra la explotación sexual; en Irlanda, para la ayuda jurídica en caso de violencia doméstica; entre otras.

El fallo de la Corte europea concluye que Portugal vulneró tres capítulos del artículo sobre el derecho a la libertad y a la seguridad del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Se sostiene que el organismo dejó en claro su postura y no asoció al embrión con el Derecho a la Vida.

La iniciativa rechaza de modo absoluto el uso de armas químicas y expresa la necesidad de una investigación independiente sobre los hechos.

Participaron de manera activa en la protección de los derechos de las personas que habrían sido heridas o detenidas en el contexto de los hechos ocurridos el 2 de junio en Masaya, donde desde horas de la mañana habrían ingresado fuerzas especiales antimotines y la policía nacional.

Se da más peso al interés del menor que al posible interés del solicitante en obtener la verificación de los datos biológicos.

Este balance da cuenta de las acciones realizadas por el Estado mexicano que pueden contribuir en el esclarecimiento de los hechos en materia de búsqueda de los estudiantes desaparecidos, en investigación, así como acciones para la atención a víctimas y familiares.

Una medida nacional que pueda obstaculizar el ejercicio de la libre circulación de las personas sólo puede justificarse si es conforme con los derechos fundamentales.

La Comisión informa que en los próximos días anunciará los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI Nicaragua), creado para coadyuvar en las investigaciones de los hechos de violencia, recomendar encuadres legales e identificar responsabilidades.

El GIEI tendrá, entre otras, las atribuciones de analizar técnicamente las líneas de investigación y hacer recomendaciones de acciones respecto de los distintos niveles de responsabilidad jurídica; analizar si en la investigación se están agotando correctamente todas las líneas de investigación.

El asunto se refiere a la interceptación por un oficial de policía de documentos que el demandante, abogado, había entregado a sus clientes, bajo detención policial.

Por medio de este acto, El Salvador se convierte en el sexto país en ratificar la Convención aprobada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en junio de 2015 y cuya entrada en vigor se hizo efectiva el 11 de enero de 2017.

Al tomar esta determinación, la Comisión tomó en cuenta los testimonios de las y los estudiantes que fueron entrevistados en su visita de trabajo a Nicaragua, entre el 17 al 21 de mayo de 2017.

La Relatoría arguye que los ataques endémicos en contra de periodistas, así como de las personas defensoras de derechos humanos, sin duda representan la amenaza más inmediata y desafiante a la libertad de expresión en México.

De acuerdo a la Comisión, el objetivo de esta visita fue observar en el terreno de manera preliminar la situación de los derechos humanos en el país en relación con los hechos violentos que han tenido lugar a partir del 18 de abril de 2018 y emitir las primeras recomendaciones concretas al Estado.

De acuerdo con la sentencia, que será revisada tras el recurso presentado por la Abogacía del Estado, el dueño del supermercado habría violado el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) sobre el derecho al respeto de la vida privada.

La Comisión insta al Estado a adoptar las medidas necesarias para realizar otro proceso de elecciones genuinas que hagan efectivo el ejercicio del derecho al sufragio libre.

La Comisión sostiene que el objetivo de la visita de carácter preliminar es hacer una observación en terreno sobre la situación de los derechos humanos en el país, en el contexto de los sucesos que han tenido lugar desde el 18 de abril de 2018.

El objetivo principal de la consulta que realiza, es recibir insumos con miras a la elaboración del primer plan de trabajo de la Unidad Temática.

Los Estados, arguye la Comisón, deben derogar urgentemente leyes discriminatorias, adoptar leyes protectoras, reformar instituciones e implementar políticas para combatir la discriminación y garantizar su inclusión efectiva.

La Comisión destaca la respuesta positiva del Estado de Nicaragua, que dio su anuencia para la visita a través de una carta fechada el 13 de mayo de 2018.

Uno de los principales desafíos que enfrenta la CIDH es garantizar la eficiencia del mecanismo de medidas cautelares, cuyo objetivo es evitar, a través de una intervención oportuna, que ocurra un daño irreparable para una persona o grupo de personas.

En el conversatorio participaron los Comisionados y especialistas invitados, y el objetivo fue identificar las posibilidades y también los límites para avanzar en el desarrollo de este proceso para hacerlo más eficiente y efectivo.

Para la actualización del documento, la Comisión tomó en consideración 137 acuerdos de solución amistosa homologados por la Comisión desde el año 1985 hasta diciembre de 2017.

La decisión fue acordada con la disidencia del Ministro Rosatti, quien expuso que el ámbito de aplicación del decreto 280/95 estaba dirigido al personal de la Administración Pública, incluido el personal militar.

La Comisión solicita al Estado de Guatemala a que adopte las medidas necesarias para prevenir la repetición de estos hechos, y para investigar y sancionar a los responsables.

El informe examinó los desafíos que enfrentan las mujeres para tener un acceso adecuado y efectivo a la información controlada por el Estado en materia de la prevención y protección de la violencia y la discriminación, entre otros.