Tribunales Internacionales · página 42

La obligación de proteger la vida de las personas detenidas importa también la obligación de las autoridades de proporcionarles la atención médica necesaria para salvaguardar su vida.

El carácter razonable de la duración de un procedimiento debe apreciarse a la luz de las circunstancias concretas del caso y, considerando su complejidad, la conducta del demandante y de las autoridades competentes.

La autoridad nacional competente debe evaluar la situación familiar en cuestión teniendo en cuenta todos los elementos pertinentes del caso concreto.

La libertad de manifestar la propia religión o las propias convicciones está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática.

El ejercicio del periodismo se encuentra amparado por el derecho a la libertad de expresión y su limitación en una sociedad democrática debe responder a razones muy calificadas.

El informe destaca los avances en la superación del atraso procesal y en el desarrollo progresivo del derecho internacional de los derechos humanos para la consolidación de estándares interamericanos.

Los Estados parte del Consejo de Europa pueden controlar la entrada, la residencia y expulsión de los extranjeros, siempre y cuando estas acciones sean compatibles con el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Tribunal de Justicia posee la facultad para dictar cualquier medida provisional que considere necesaria para garantizar la plena eficacia de sus resoluciones.

El fallo expresa que el Tribunal Supremo ha empleado criterios jurídicos dispares ante caso idénticos, sin motivo que justifique las distintas conclusiones a las que ha arribado.

El plazo de 5 años y 9 meses para resolver un asunto de especial relevancia para la vida familiar, no puede considerarse razonable.

El Convenio de Oviedo permite cierto margen de maniobra a los Estados Partes para determinar, con más detalle, las condiciones de protección aplicables en su derecho interno.

La reapertura de un procedimiento no puede, tampoco, estar supeditada al requisito, previsto por el Derecho austriaco, de que la solicitud posterior haya sido presentada en un plazo determinado.

La Comisión recomendó reparar íntegramente las violaciones de derechos relacionadas con el incumplimiento de fallos internos y la falta de protección judicial efectiva.

La orientación sexual de la demandante y su relación con otra mujer habían estado en el centro de la deliberación en todas las fases del procedimiento judicial.

La violencia basada en el género, es decir la violencia dirigida contra una mujer por ser mujer o la violencia que afecta a la mujer de manera desproporcionada, es una forma de discriminación en contra de la mujer.

Existían sólidos indicios de que, al envenenar a la víctima, los perpetradores actuaron como agentes del Estado ruso.

La respuesta de las autoridades nacionales fue manifiestamente inadecuada y su inacción permitió al agresor continuar amenazando, acosando y agrediendo a la demandante.

Existen antecedentes suficientes que indican la existencia de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil como consecuencia de una política del Estado, en el sentido de los artículos 7.1 y 2.a del Estatuto de Roma.

La Comisión llamó a liberar a todas las personas detenidas y a cesar de inmediato las detenciones arbitrarias e ilegales de quienes se consideran personas opositoras al gobierno.

Las denominaciones de origen gozan de protección frente a comportamientos prohibidos relacionados tanto con productos como con servicios.

La Corte Interamericana celebrará su 144º entre el 20 de septiembre y el 15 de octubre de 2021.

La regla del agotamiento de los recursos internos exige que el demandante recurra normalmente a los recursos disponibles y suficientes para obtener una reparación respecto de las infracciones alegadas. La posibilidad de acceder al recurso debe existir no sólo en la teoría sino también en la práctica.

El incumplimiento por parte del Estado de Nicaragua puede generar responsabilidad internacional.

Las medidas provisionales son de carácter excepcional y proceden solo cuando los solicitantes se enfrentan a un riesgo real de daño irreversible.

Los Estados deben tomar medidas efectivas para erradicar la discriminación y violencia a la que están expuestas.

Los políticos tienen la obligación de controlar el contenido de las declaraciones publicadas en sus cuentas públicas con el fin de combatir el discurso de odio.

La prohibición de la explotación comercial de las tierras forestales de los demandantes fue desproporcionada y les impuso una carga individual excesiva.

Es deber de los Estados garantizar la inamovilidad de los jueces hasta que cumplan la edad para la jubilación forzosa o expire el período para el que hayan sido nombrados o elegidos.

Los efectos de la divulgación de los correos electrónicos en la vida privada fueron limitados, y los mensajes solo se divulgaron en el marco de un procedimiento de acceso restringido.

Las autoridades nacionales no realizaron un ejercicio de ponderación adecuado entre el derecho a la libertad de expresión del demandante y los objetivos legítimos perseguidos, de conformidad con los criterios asentados por el TEDH.