Ley de Transparencia · página 5

El Tribunal de alzada descartó actuar arbitrario del CPLT al compartir que la información solicitada por Ley de Transparencia, no tiene carácter de reservada o sujeta a secreto.

Dado que no dio respuesta y no proporcionó los datos peticionados en los plazos establecidos por la Ley de Transparencia.

El artículo 28 de la Ley de Transparencia sólo faculta al tercero afectado con la entrega de información a accionar por la vía de la reclamación, descartando en este caso la legitimidad activa de la Subsecretaría de Pesca, puesto que la afectada directa sería la Fundación.

Los datos que se pretendía obtener no dicen relación con el correcto desempeño de la función pública, por lo que no se advierte un interés público prevalente en el acceso a la dicha información.

El Tribunal de alzada desestimó la reclamación al considerar que la información solicitada tiene carácter público, por lo que no estaba sujeta a causal de reserva.

El CPLT desestimó la alegación del Servicio de que no contaría con este antecedente en su Registro de Matrimonios, pues del mismo se puede desprender con facilidad de la fecha de nacimiento de los celebrantes

El municipio invocó la causal de reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, fundado en que la información requerida se relaciona con procesos administrativos con carácter de secreto, cuando lo cierto es que esa característica es aplicable al sumario administrativo y no a las investigaciones sumarias.

Al complementar la Armada la información faltante al responder el amparo de acceso a la información, el CPLT estimó cumplido satisfactoriamente el requerimiento, no obstante, lo acogió.

El documento reúne recomendaciones básicas orientadas a explicar de forma sencilla la regulación vigente y reforzar la protección de datos personales que se manejan en instituciones de la administración central y municipios, incluyendo la reducción de accesos no autorizados y de tratamientos indebidos de este tipo de información.

Al encontrarse dentro de la hipótesis de reserva del artículo 21 N°5 de la Ley de Transparencia

La búsqueda de información respecto a 60 remates no reviste una distracción indebida para los funcionarios el Servicio. Además, resulta conveniente la correcta sistematización de los antecedentes pues permite el correcto control ciudadano de la Administración del Estado.

Los correos electrónicos pertenecientes a las casillas institucionales de los funcionarios públicos contienen información que puede ser conocida por la ciudadanía, siempre y cuando se refieran a las competencias del organismo a que pertenecen.

La difusión de estos datos es trascendental para fortalecer la confianza de la ciudadanía en la utilización de fármacos bioequivalentes, lo cual involucra el interés nacional y la salud pública.

El ente municipal había basado su negativa a entregar la información requerida en que la misma era de relevancia en un juicio de nulidad de derecho público que se encontraba en tramitación, lo que hacía aplicable la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra a) de la Ley de Transparencia.

Se trata de información de naturaleza pública de gran interés para la ciudadanía. Además, CONAF no pudo acreditar la distracción de recursos humanos y materiales que implicaría recopilar estos antecedentes.

El Consejo para la Transparencia expresa que, en la eventualidad de haber existido afectación de datos personales se “podría ocasionar una vulneración a la confidencialidad o reserva de los mismos y un tratamiento no autorizado por parte de terceros para fines maliciosos”.

Corresponde a información de naturaleza pública que se vincula a la protección de los derechos de los consumidores residentes en Chile. Además, el SERNAC no acreditó fehacientemente que ciertas preguntas pueden entorpecer el ejercicio de sus funciones.

Se trata de información de naturaleza pública decide el CPLT

El Tribunal de alzada descartó que la información solicitada, con los resguardos establecidos, tenga el carácter de reservada o secreta.

Decisión que adoptó el CPLT al tratarse de antecedentes de naturaleza pública que permiten la correcta fiscalización del destino de los caudales públicos.

Decisión obedece a que el peticionario logró comprobar la existencia de un oficio de 1983 en el cual la DGA especificaba la forma de proceder en estos casos. Además en la contradicción en que incurrió en la respuesta donde negó que existieran los antecedentes solicitados con otra anterior que envió al CPLT.

Se recomendó al CDE ajustar su plataforma a los estándares de la ley 21.180 sobre transformación digital del Estado y sugirió al reclamante presentar un nuevo requerimiento de información acotando los datos y período de manera de facilitar la búsqueda del organismo público.

El presidente del organismo, Francisco Leturia, explicó que de esta forma se busca transparentar qué tipo de información se filtró, dado que “estamos ante información sensible, no solo información que podría ser personal, sino también información que podría pertenecer al ámbito de la seguridad nacional”.

Contrariamente a lo resuelto por CPLT, están amparados por la reserva del numeral 2 del artículo 21 de la Ley N°20.285, por derechos comerciales y económicos, así como por cláusulas de confidencialidad, que vinculan al adjudicatario del proyecto con la Administración del Estado.

El Tribunal de alzada descartó que la información solicitada por ley de transparencia a la Subsecretaría de Educación Superior tenga el carácter de reservada.

El Instituto de Salud Pública es quien se encuentra en mejor posición para responder aquella solicitud por sus funciones técnicas.

La ocultación de la placa patente en este tipo de móviles se lleva a cabo para perjudicar patrimonialmente a las sociedades concesionarias de las autopistas.

El Consejo adoptó esta decisión dado que la Subsecretaría no dio respuesta al solicitante y tampoco efectuó descargos u observaciones una vez conocido el amparo en su contra.

La decisión fue adoptada por el CPLT ante la falta de respuestas del órgano requerido, sin perjuicio de que el Servicio puede comunicar que no cuenta con estos antecedentes, para lo cual deberá indicar detalladamente los motivos.

CPLT no incurre en ilegalidad al ordenar la entrega de información emitida por un órgano público relativa a fiscalizaciones hechas a una entidad financiera si además se instruye tarjar los datos personales e información comercial estratégica.