Ley de Transparencia.

Opiniones vertidas por funcionarios públicos en correos electrónicos institucionales no son públicas, resuelve la Corte de Rancagua.

Los datos que se pretendía obtener no dicen relación con el correcto desempeño de la función pública, por lo que no se advierte un interés público prevalente en el acceso a la dicha información.