Laboral · página 49

Fallo laboral indicó que la demandada tenía como saber de la condición que justificaba las ausencias del trabajador.

Recurrente señaló que su relación era de naturaleza laboral y no civil como estableció el fallo impugnado.

La gestión pendiente incide en autos laborales, seguidos ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en actual conocimiento de la Corte de Apelaciones de Santiago, por recurso de nulidad.

Tribunal de alzada indicó que no existe una descripción de las infracciones a la sana crítica aludidas por el actor y que responden más bien a apreciaciones sobre la ponderación de hechos asentados por el juez del grado.

Sentencia de alzada indicó que la presunción establecida en el artículo 508 del Código del Trabajo es de derecho y no admite prueba en contrario.

Sentencia señaló que se vulneró el derecho de asociarse libremente para formar un sindicato.

En la sentencia se indicó que se da por acreditada la estrechez económica que obligó a desvincular a los trabajadores y que no existen indicios que den cuenta de alguna vulneración de derechos a los actores.

Tribunal de alzada indicó que no se aprecia la vulneración a reglas de la sana crítica en el fallo y que el recurso parece más una apelación que una solicitud de invalidación.

La Magistratura constitucional sostuvo que la voluntad legislativa de "no producir el efecto de poner término al contrato" es adecuada para propiciar el cumplimiento de un fin legítimo, esto es, que se enteren las cotizaciones sociales de las cuales son dueños los trabajadores.

En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

Sentencia señaló que no existe una afectación a la libertad sindical pues beneficios se entienden sólo para quienes pertenezcan a dicha agrupación.

El Tribunal estableció la responsabilidad de las empresas demandadas por falta en medidas de seguridad para el sellado climático de estructura ubicada a cuatro metros de altura, tarea encargada al demandante.

La gestión pendiente incide en autos sobre cobranza laboral y previsional, seguido ante el Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena.

Fallo destaca la celeridad de las medidas adoptadas por el ente edilicio que terminaron con la desvinculación de la jefatura directa de la denunciante.

Tribunal estimó que los hechos no son tan graves como para estimar un término justificado de la relación laboral.

El Tribunal de alzada confirmó la resolución del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que declaró la existencia de relación laboral entre las partes.

El Tribunal estableció que empresa de cobranza no acreditó la causa esgrimida de despido por necesidad de la empresa para poner término al contrato de trabajo.

Integridad física.

El Tribunal de alzada rechazó, con costas, el recurso de nulidad interpuesto por la demandada en contra de la sentencia dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que ordenó el pago de prestaciones y cotizaciones adeudadas a la trabajadora.

Máximo Tribunal reafirmó que no puede privarse a funcionarios públicos del derecho a ejercer esta acción.

El máximo Tribunal acogió el recurso de unificación deducido por las demandantes, anuló la resolución de la Corte de Apelaciones de Temuco y, sin nueva vista, dictó sentencia de reemplazo.

Se descartó por parte del tribunal que los indicios referidos, sean suficientes para acoger la denuncia de tutela, descartándose así el que la motivación sea atentar contra los derechos sindicales de la denunciante.

En su sentencia, expone en síntesis la Magistratura Constitucional que afectado no tiene una posibilidad de discutir la procedencia o extensión de la sanción que en virtud de la norma reprochada se le impone.

El ente contralor adujo que, en consecuencia, deben entenderse justificados los atrasos en que incurrió el interesado producto de sus dolencias, procediendo el pago de aquellas remuneraciones que fueron descontadas por tal motivo.

El máximo Tribunal concluyó que, no existió impedimento para aplicar las normas de tutela a los funcionarios de la Administración del Estado.

El ente contralor adujo que el plazo de la prescripción que extingue las acciones para el cobro de cotizaciones, multas, reajustes e intereses, es de cinco años contado desde el término de los servicios.

El Tribunal de alzada acogió el recurso de nulidad interpuesto por la demandada, únicamente en lo que se relaciona con el descuento del seguro de desempleo, procediendo, en consecuencia, a dictar sentencia de reemplazo.

En su sentencia, expone en síntesis la Magistratura Constitucional que la igualdad supone la distinción razonable entre quienes no se encuentran en la misma condición.

Autoridad laboral indicó que deben otorgarse los permisos necesarios por la enfermedad y que debe asegurarse la estabilidad laboral.

El Tribunal de alzada rechazó el recurso nulidad deducido por las demandadas en contra de la sentencia que estableció que constituyen una única unidad económica y que ordenó pagar las prestaciones adeudadas al trabajador.