Para decretar la expulsión no basta el ingreso irregular, sino que además debe infringirse una prohibición de ingreso, resuelve la Corte de Santiago.

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió una reclamación judicial interpuesta por una ciudadana venezolana en contra del Servicio Nacional de Migraciones, que dispuso su expulsión del territorio nacional.

La recurrente ingresó irregularmente al país en 2022, acompañada de su hijo menor, y posteriormente su pareja y otros hijos también lo hicieron de manera irregular. Sostuvo que su familia está integrada al sistema educativo y de salud chileno, y que tiene una oferta laboral. Argumentó que la expulsión no considera su situación familiar y personal, ni la proporcionalidad de la medida, citando la protección de los derechos humanos, el interés superior del niño y la necesidad de ponderar la gravedad del hecho en relación con su arraigo en Chile. Solicitó que se deje sin efecto la resolución de expulsión.

La reclamada informó que la extranjera ingresó a Chile eludiendo los controles migratorios por un paso no habilitado en la zona de Colchane. Detalló que, aunque la reclamante intentó inscribirse en el proceso de empadronamiento biométrico en 2023, este no se materializó. En consecuencia, el Servicio Nacional de Migraciones inició un procedimiento sancionatorio y dispuso su expulsión del país, así como una prohibición de ingreso por cinco años. Argumentó que la extranjera incurrió en una infracción grave al ingresar de manera irregular, lo que afecta la seguridad nacional y la migración ordenada, y que la expulsión está fundamentada en la legislación vigente.