Corte Suprema de Estados Unidos.

Tribunales estatales y federales son competentes para juzgar delitos cometidos en territorio indígena pues su jurisdicción es concurrente.

Debido a que la jurisdicción de un Estado coincide con la jurisdicción federal, un enjuiciamiento estatal no impediría un juzgamiento federal anterior o posterior. El Estado tiene gran interés soberano en garantizar la seguridad pública y la justicia penal dentro de su territorio, incluido el interés en proteger a las víctimas de delitos tanto indígenas como no indígenas.