CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD
Recurso de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad
El recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad permite controlar que una norma no vulnere la Constitución, resguardando la supremacía constitucional y los derechos fundamentales.
Por Joaquín Tomás Guerrero Reyes
Introducción.
En el presente artículo se explicará el Recurso de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad, un mecanismo procesal diseñado para garantizar que ninguna norma o acto de autoridad vulnere lo establecido en la Carta Fundamental.
Este instrumento permite que la justicia controle la legalidad y racionalidad de las actuaciones públicas, asegurando el respeto a los derechos esenciales de las personas.
A través de este medio de impugnación, el sistema judicial chileno materializa el principio de inexcusabilidad, impidiendo que actos arbitrarios queden fuera del alcance del derecho.
Este análisis detalla su funcionamiento técnico para que los litigantes y el público comprendan cómo se protege la jerarquía de las normas fundamentales en un Estado de Derecho.
1. ¿Qué define al Recurso de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad en el ordenamiento jurídico?
El recurso o acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad es un arbitrio procesal cuya finalidad primordial es velar por el principio de supremacía constitucional.
Se fundamenta en la facultad de los tribunales para controlar cualquier acto arbitrario o ilegal emanado del Poder Legislativo o Ejecutivo, sirviendo como un contrapeso necesario dentro del esquema de separación de funciones.
2. ¿Frente a qué actos de los poderes del Estado es procedente este arbitrio?
Su procedencia se activa ante actos u omisiones ilegales o arbitrarios provenientes de los otros poderes del Estado. La legislación procesal lo contempla como una vía de impugnación junto a otras acciones como la de protección o amparo, con el fin de corregir incorreciones o defectos en el actuar de los órganos públicos.
3. ¿Cuál es el órgano competente y existen plazos para su interposición?
Aunque la competencia general de los tribunales ordinarios permite conocer de juicios de lato conocimiento para controlar actos estatales, el recurso de inaplicabilidad busca que la decisión sobre la constitucionalidad sea resuelta por la autoridad superior que la ley designe.
Al ser un mecanismo de control de la supremacía constitucional, se integra en el sistema recursivo nacional para evitar el desequilibrio en la protección de los intervinientes.
4. ¿Cómo es su tramitación para asegurar un debido proceso?
La tramitación debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado, asegurando un debido proceso que incluya la exposición de fundamentos de hecho y derecho.
Se rige por el principio de legalidad, exigiendo que el tribunal analice si la norma impugnada influye sustancialmente en la decisión del conflicto para evitar que la sentencia sea nula por vicios de forma o fondo.
Conclusión.
El recurso de inaplicabilidad representa la garantía última de que la actividad de los poderes públicos está sometida a límites jurídicos infranqueables.
Al permitir el control jurisdiccional sobre actos que contravienen la norma básica, se fortalece el imperio del derecho y se asegura que el sistema judicial cumpla con su deber de proteger la igual protección en el ejercicio de los derechos esenciales.
Es, en definitiva, la pieza maestra que mantiene la unidad y coherencia de todo el ordenamiento jurídico nacional.
Bibliografía.
Correa Selamé, J. D. (2023). Manual de Derecho Procesal para examen de grado (Actualizado abril 2023). Ediciones Jurídicas de Santiago.
Torres Labbé, L. (2026). Gradistas: Apuntes Derecho Procesal (I al IV y Penal). Recuperado de: https://www.docenciajuridicaonline.com/gradistas/.
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