Contratación Pública · página 5

Se determinó que el error en la presentación de un anexo se debió a información confusa proporcionada por la entidad licitante. El Tribunal consideró que debió aplicarse el principio de no formalización y permitir la subsanación del error.

Los errores en la Carta Gantt del adjudicatario fueron considerados formales y no esenciales. El plazo total de ejecución ofertado se mantuvo dentro del máximo establecido por las bases. No se afectó la validez de las ofertas ni se alteró la posición relativa de los oferentes en la evaluación.

El Tribunal constató que uno de los representantes legales de una de las empresas que conformaban la UTP adjudicada no firmó el acuerdo de constitución de la misma. La información proporcionada resultó insuficiente para acreditar la correcta constitución de la UTP adjudicada

La oferta del demandante fue correctamente declarada inadmisible por incumplir requisitos técnicos críticos. Sin embargo, la oferta de la empresa adjudicada debió haber sido declarada también inadmisible por no ajustarse a los requerimientos técnicos.

Es la entidad licitante la que establece las condiciones en que se realizará la propuesta pública. Las bases prohibían expresamente condicionar las ofertas. Oferente no puede condicionar la garantía exigida en las bases de licitación, aunque la restricción provenga del fabricante del producto. La oferta fue excluida por incluir la frase "siempre que el cartucho conserve al menos el 70% de su contenido" en la garantía

El principio de razonabilidad obliga a los órganos del Estado a que, en sus procedimientos de contratación, entreguen información coherente y no inductiva a error, como exigencia mínima de seriedad de estos procesos, de manera que los interesados puedan conocer con exactitud el objeto de la convocatoria.

Evento reunió a destacados académicos y expertos para reflexionar sobre los desafíos actuales en transparencia, contratación pública y gobernanza democrática, e incluyó una jornada de postgrado e investigación junto a la conferencia inaugural de la Contralora General de la República, Dorothy Pérez.

Este espacio permite a cualquier persona—funcionaria o externa— pueda dar a conocer situaciones y/o hechos que puedan ser considerados como irregularidades en procesos de compras públicas, administración de contratos o actuaciones que comprometan principios como la probidad funcionaria o la correcta administración de recursos públicos del Poder Judicial.

La declaración jurada no se encontraba establecida por las bases entre los documentos requeridos como mínimo a cumplir para la presentación de las propuestas y, en consecuencia, no constituía un requisito de admisibilidad de sus ofertas, sino que se encontraba mencionada en la evaluación de un sub ítem, por lo que el hecho de no haberse presentado por parte de los otros oferentes, tal omisión no podía acarrear las inadmisibilidad de sus respectivas ofertas, puesto que no tenía el carácter de esencial.

Dado que el contrato con la empresa adjudicataria ya se encuentra en ejecución, no resulta procedente retrotraer el proceso licitatorio, reconociéndose únicamente a la actora el derecho a demandar las indemnizaciones que estime pertinentes.

Era un requisito habilitante de la oferta respectiva incluir ochenta contenedores, de forma tal que si ello no se cumplía tal oferta debió ser declarada inadmisible. El adjudicatario no cumplió con ese requerimiento en su oferta, de manera que el tribunal de base se ajustó plenamente a derecho al acoger la impugnación de la demandante.

Resolvió que el proceso licitatorio se ha regido estrictamente por el Principio de Estricta Sujeción a las Bases, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 10 inciso 3° de la Ley N° 19.886, que impone a todos los participantes y a la entidad licitante cumplir con las normas establecidas en las Bases, que determinan los derechos y obligaciones de todos los intervinientes en el proceso de licitación.

Resolvió que el municipio licitante, al haber constatado que la oferente no presentó oportunamente el documento de Garantía de Seriedad de la Oferta, y al haberle permitido adjuntar uno con posterioridad, que ni siquiera era anterior a la fecha de presentación de propuestas, y adjudicarle, en definitiva, la licitación; contravino el principio de estricta sujeción a las bases, puesto que ellas erigen la presentación del documento junto con la oferta como un requisito necesario para que ésta sea admisible, como así también el principio de igualdad de los oferentes, puesto que situó a la adjudica

El Reglamento de la Ley 19.886 publicado el 12 de diciembre establece cómo se implementan las modificaciones a la normativa y detalla, entre otros temas, las causales de los tratos directos; la Declaración de Patrimonio e Intereses de funcionarios y las inhabilidades para ser parte del Registro de Proveedores.

Resolvió que el error en la ficha de licitación no invalida el proceso, ya que las bases administrativas prevalecen sobre dicho documento. Asimismo, que no hubo discriminación ni trato desigual, ya que la aplicación de las bases garantiza que todos los oferentes se sometan a las mismas reglas, sin que se configure una infracción normativa directa.

La derogación de esta exigencia fue solicitada en un procedimiento iniciado por Entel en agosto de 2024 y, a juicio de la FNE, esta medida resulta justificada desde un punto de vista normativo y positiva para la competencia y los consumidores.

Resulta evidente y necesario alterar el texto actual, a modo de establecer una disposición que no deje dudas respecto de la forma de notificación y el emplazamiento válido de “la parte”, evitando así, eventuales nulidades procesal que puedan suscitar.

La ley que incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral no ha sido transgredida. Además, del mérito de autos no consta ningún antecedente probatorio que permitiera acreditar que, con los montos establecidos por concepto de remuneraciones y aguinaldos, se hubiere incumplido alguna normativa legal o reglamentaria, ni menos aún las disposiciones del Código del Trabajo a que alude el demandante en su libelo.

El hecho que la fecha del Acta de Apertura sea una actuación diferente a la de la Apertura electrónica en el portal, está previsto en las propias bases de licitación. Por lo tanto, la impugnación del demandante aparece desvirtuada, ya que del mérito de autos no consta que haya existido una modificación del cronograma de la licitación.

De acuerdo a las normas generales del onus probandi, la carga de la prueba para acreditar las impugnaciones correspondía única y exclusivamente a la parte demandante. Sin embargo, no consta de los antecedentes que la entidad licitante hubiere incurrido en alguna inobservancia al principio de libre concurrencia como tampoco al principio de imparcialidad ni a cualquier otro principio de la contratación administrativa.

El convenio colectivo acompañado se aplica en el extranjero por lo no resultaba pertinente requerir su inscripción o registro en la Inspección del Trabajo en los términos establecidos en el artículo 371 del Código del Trabajo. Luego, en cuanto al Plan de trabajo del adjudicado en lo referido a la “Infraestructura Operativa”, el Tribunal precisa que ni las Bases Administrativas Especiales ni las Bases Técnicas que rigieron el proceso licitatorio contienen una definición de este concepto. Sin embargo, su sentido natural y obvio lleva a considerar que éste comprende los recursos necesarios para l

No solo se infringió el principio de estricta sujeción a las bases, sino que, además, el principio de igualdad de los oferentes, desde el momento que al haberle asignado a ese oferente el máximo puntaje en el subcriterio de experiencia de la empresa en el mercado con documentación que no cumplía con los requisitos establecidos por las bases, quedó en situación de privilegio frente a sus oponentes.

En su informe, la FNE realizó un análisis circunscrito al objeto de la consulta, concluyendo que las bases de licitación no infringen el DL 211.

La autoridad máxima del municipio no podía dictar el acto de adjudicación en favor del oferente demandante con la sola proposición de la Comisión Evaluadora si el Concejo rechazó la propuesta del Alcalde. De ser ello así, la facultad de adjudicar quedaría entregada y radicada única y exclusivamente en el Alcalde y significaría que el Concejo Municipal quedaría privado de la facultad conferida por la propia Ley de Municipalidades de aprobar o rechazar la proposición alcaldicia.

Estas exigían que únicamente en el caso que se ofertase por todas las líneas de adjudicación se podía presentar un solo documento de garantía por el total que el mismo pliego de condiciones señala, pero en los demás casos se debía acompañar un instrumento de garantía por cada línea ofertada por los montos que en cada una de ellas indicaban las referidas bases de licitación

A pesar de declararse ilegal y arbitraria la adjudicación, por no sujetarse a las bases ni a la normativa aplicable, la impugnación no produce un efecto anulatorio ipso iure. El juez debe sopesar las circunstancias y establecer las medidas que estime pertinentes para reestablecer el imperio del derecho, pudiendo tener en cuenta que la errónea adjudicación deviene en un contrato al que resta un lapso menor de ejecución, y cuyos servicios son prestados por un proveedor de buena fe.

Las Bases Administrativas, en un extenso artículo definieron detalladamente la forma de presentación y entrega de la Garantía de Seriedad de la oferta y atendidas las circunstancias de la emergencia sanitaria que enfrentaba el país, establecieron dos hipótesis para la forma de materializarla, una en subsidio de la otra.

No fue desvirtuado el documento de la Agencia de Seguridad de la Aviación de la Unión Europea, por lo que no se puede cuestionar que la empresa adjudicada no cumpliera con el requerimiento técnico de las aeronaves para incendios forestales. Se acreditó que las aeronaves cumplen con el requisito técnico de tener una capacidad de transportar un mínimo de 2500 litros de agua establecido por las Especificaciones Técnicas.

Se favoreció a unos de los oferentes, permitiendo que acreditase una mayor experiencia en cantidad de metros construidos y con ello mejorara su oferta y finalmente se le adjudicara la licitación.

La acción de reclamación tiene como propósito revisar la legalidad del proceso licitatorio, denunciando y probando la transgresión a la normativa que lo rige, las ilegalidades o arbitrariedades en que pudo incurrirse, pero en este caso el Tribunal ajustó su actuar a la Ley N° 19.886, sin que su decisión pueda calificarse como contraria a derecho.